SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma por la Homologación de Andalucía (PHA) ha mantenido una reunión esta semana con responsables de la Consejería de Educación de la Junta con el principal objetivo de exponer las "desigualdades" que dentro del sistema educativo público de la comunidad continúa manteniéndose entre los trabajadores y el alumnado de centros concertados respecto a la educación pública.
En el encuentro, llevado a cabo con la viceconsejera de Educación, Elena Marín, y el director general de Planificación y Centros, José María Ayerbe, el colectivo, según ha expuesto en una nota, planteó en relación a los trabajadores cuestiones como la pérdida del derecho a la jubilación parcial, pues "los compañeros de los centros públicos se jubilan a los 60 años y 30 cotizados, y los trabajadores de los centros concertados tenemos que recurrir a las prejubilaciones, ahora a la espera de que se amplíen en el 2019".
También se ha tratado el tema de la paga de antigüedad, la no reducción horaria a partir de los 55 años que sí tienen los trabajadores de los centros públicos, la ausencia de complementos por cargoo los sexenios. Se ha insistido, asimismo, en que en otras comunidades se ha llegado a acuerdos de homologación "estando gobernando los mismos partidos políticos y los mismos sindicatos". "No entendemos la cerrazón de esta administración en avanzar en la misma, siendo centros sostenidos con fondos públicos", subraya.
La plataforma ha añadido, en relación al alumnado, que existe una diferencia "notable" en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo respecto al profesorado de atención terapéutica en centros concertados con respecto a centros públicos.
"En los últimos años en la provincia de Sevilla ha estado paralizada la adjudicación de unidades de apoyo a la integración en centros concertados, siendo en el curso en vigor donde se han admitido tres unidades en toda la provincia", ha dicho la PHA, que también plantea la ratio en relación a la figura del orientador, estando en los centros concertados esta figura establecida por el número de unidades de Secundaria, lo que da lugar a que solo exista una atención parcial en la mayoría de los centros, "algo que no sucede en centros públicos de Secundaria".
Por último, se ha hablado de la situación de los centros de educación especial, "que en los últimos años se están convirtiendo en cajón de sastre del sistema educativo atendiendo a un alumnado muy diverso y que, en muchas ocasiones, no presentan un perfil de centro específico.
Por parte de la viceconsejera y del director general se ha valorado el papel de los profesionales de los centros concertados y, respondiendo al artículo tercero de la Ley de Educación de Andalucía, se les reconoce como profesionales del sistema educativo público andaluz.
Por ambas partes se ha coincidido en que es "de vital importancia" que exista un control de todos los recursos financiados con fondos públicos para que éstos se empleen en aquello para lo que se han creado. Asimismo, hay coexistencia de opiniones en que es necesario abordar desde nuevas perspectivas el tema de la atención a la diversidad en las primeras etapas de escolarización obligatoria, y existe por parte de la actual Consejería un compromiso en este sentido a partir del próximo curso.
