Imagen de una trabajadora autónoma - JUNTA DE EXTREMADURA
SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP-A defenderá una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento andaluz de rechazo al sistema de cotización "complejo" para los trabajadores autónomos implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez, con claras "disfunciones detectadas en su aplicación", y exigirá que sea revisado.
En la iniciativa, se pide que el Gobierno central --que ya sería el que salga de las urnas tras las elecciones generales del 29 de noviembre-- revise el sistema de cotización por rendimientos netos, garantizando una reducción efectiva de las cuotas de los autónomos con menores ingresos, una mayor proporcionalidad a los rendimientos realmente obtenidos, la aprobación anticipada de las bases y tipos aplicables, la simplificación de las regularizaciones, la exclusión de los periodos legalmente protegidos cuando corresponda y la eliminación de recargos e intereses derivados de errores o retrasos imputables a la administración.
Se demanda el rechazo a un sistema de cotización por rendimientos netos "injusto, con regularizaciones posteriores e incertidumbre sobre las cuotas futuras, que mantiene cargas desproporcionadas para determinados trabajadores autónomos, especialmente para los autónomos societarios y familiares colaboradores, a quienes se impone, en determinados supuestos, una base mínima definitiva de cotización superior a la correspondiente a sus rendimientos reales".
Se reclama el rechazo de la Cámara a la política desarrollada por el Gobierno desde 2018 "de incrementar sucesivamente los costes laborales y contributivos, mediante la elevación exponencial de las cotizaciones sociales; la introducción y el aumento progresivo del mecanismo de equidad intergeneracional, y la sucesiva actualización del salario mínimo interprofesional, sin establecer mecanismos suficientes de compensación para las pequeñas actividades económicas con menor capacidad de absorción de estos costes".
Por ello, se demanda al Gobierno central que establezca "una bonificación del 100% de las cuotas empresariales durante doce meses por la contratación del primer trabajador y del 50% por el segundo, condicionadas al mantenimiento del empleo", y que se promueva una política de crecimiento de los salarios reales sustentada en la concertación social, la productividad y el crecimiento económico.
De otro lado, se plantea que el Parlamento censure que, pese a los problemas de morosidad comercial que afectan a los pequeños negocios, el Ejecutivo nacional no haya promovido en ocho años "una reforma suficientemente eficaz del régimen de devengo y recuperación del IVA en las operaciones impagadas, manteniendo un sistema en el que los empresarios pueden verse obligados a ingresar cuotas correspondientes a facturas que todavía no han cobrado".
Por ello, se insta al Gobierno central a revisar dicho régimen para aproximar "la exigibilidad del impuesto al cobro de las operaciones dentro de los límites permitidos por el Derecho europeo, simplificar la recuperación del IVA de los créditos incobrables, reforzar los mecanismos de reclamación de deudas comerciales y garantizar el cumplimiento efectivo de los plazos legales de pago por empresas y administraciones públicas, con especial protección de los trabajadores autónomos".
Otra demanda al Gobierno central es que revise las cargas fiscales y regulatorias que inciden sobre los suministros profesionales, establecer mecanismos temporales, proporcionados y selectivos de compensación ante incrementos extraordinarios de costes debidamente acreditados, y promover incentivos fiscales y financieros para la eficiencia energética, la modernización de instalaciones y la reducción de los gastos permanentes de explotación.
Se le pide también que apruebe un programa específico de simplificación administrativa y tributaria para los autónomos; que se reduzca la periodicidad y el número de declaraciones de las actividades de menor dimensión cuando sea legalmente viable; que se elimine la información duplicada entre administraciones, o que se proporcionen instrumentos públicos gratuitos para el cumplimiento de las obligaciones digitales.
Asimismo, se insta al Ejecutivo nacional a que revise los requisitos económicos y documentales para el reconocimiento del cese de actividad; reforzar su cobertura ante el cierre involuntario o la inviabilidad acreditada del negocio; agilizar los procedimientos de reconocimiento y revisión; mejorar la protección durante situaciones de enfermedad grave o incapacidad temporal, y garantizar una correspondencia efectiva entre las obligaciones contributivas y los derechos de protección social de los trabajadores autónomos.
Otra petición al Ejecutivo central es "reforzar las bonificaciones y ayudas para la sustitución temporal de trabajadores autónomos, evitar regularizaciones perjudiciales derivadas de periodos legalmente protegidos, revisar el sistema de reintegro por pluriactividad y perfeccionar las modalidades de jubilación activa, ampliando las posibilidades de continuidad profesional y relevo generacional, especialmente en los pequeños negocios familiares y rurales".
Asimismo, se demanda que el Gobierno, previa concertación con las organizaciones representativas y las comunidades, apruebe un programa integral de apoyo al trabajo autónomo que contemple incentivos fiscales y contributivos a la creación y consolidación de actividades, facilidades para la segunda oportunidad, medidas específicas de relevo generacional, apoyo a la contratación y a la continuidad de los negocios en el medio rural y compromisos verificables de reducción de cargas.
