SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP-A, personado como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández por la ayuda concedida a las sociedades Surcolor y Surcolor Óptica, donde fueron hallados dos 'intrusos'.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A pide para el exconsejero de Empleo de la Junta ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación en concurso medial, a su vez, con un delito también continuado de malversación de caudales públicos.
Asimismo, el PP-A pide para el exconsejero y para las otras 15 personas encausadas en esta pieza separada, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta, un total de dos años de cárcel, 12 años de inhabilitación y el pago de una multa de 36.000 euros por un delito de asociación ilícita.
En este sentido, y sumadas a la pena anterior, el PP-A pide para el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá un total de diez años de prisión y 32 de inhabilitación; para el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero reclama un total de diez años de cárcel, y para los sucesores de Guerrero en este cargo, como son Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, interesa ocho años de prisión.
Asimismo, el PP-A pide un total de diez años de cárcel para el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas; el presunto testaferro Juan Francisco Algarín; el extrabajador de Vitalia Antonio Albarracín; el representante sindical José Hurtado; los representantes de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, y para un letrado de un despacho sevillano.
CASI UN MILLÓN EN CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Por último, reclama un total de seis años de prisión para los dos 'intrusos', como son José Antonio Márquez Sánchez --concuñado de Rivas-- y Juan Manuel López Espada, y para el extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo.
El PP-A solicita que, en concepto de responsabilidad civil, todos los acusados respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública del total de la cantidad desembolsada, que asciende a 984.921,23 euros, e interesa el comiso a Juan Lanzas y a Francisco Algarín de la cantidad de 118.752,64 euros.
En su escrito de acusación, el PP-A relata que fue el 22 de marzo de 2005 cuando un representante de Surcolor solicitó a la Delegación de Empleo en Sevilla la tramitación de un ERE para la extinción de los contratos laborales de los 45 trabajadores que componían la plantilla de la empresa "por razones económicas".
Tras ello, la Delegación de Empleo requirió a la empresa para que subsanase "defectos y omisiones" observados en la solicitud, de manera que la falta de subsanación de tales defectos determinó que el delegado Provincial de Empleo dictase una resolución de 10 de mayo de 2005 por la que archivaba el expediente.
El PP-A precisa que, en fechas anteriores, le habían sido autorizados a estas empresas tres ERE, dos suspensivos y uno extintivo que afectaron a 43 personas, añadiendo que, entre junio de 2006 y abril de 2007, "se prosiguió con la extinción" de puestos de trabajo, optándose por despidos individuales, "y que afectaron a un total de 24 trabajadores" de ambas sociedades.
Al hilo de ello, el PP-A dice que, a principios de 2006, los dos representantes de Surcolor acusados contactaron con Juan Lanzas "como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas".
EL PAPEL DE LANZAS
De este modo, y "para conseguir los fondos públicos necesarios para hacer frente a las obligaciones de estas empresas" por la extinción de las relaciones laborales, el 'conseguidor' de los ERE "contactó" con Antonio Rivas y con Francisco Javier Guerrero, "facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción".
El PP-A añade que Guerrero remitió esta información a Antonio Albarracín, dada su condición de "directivo" de las empresas del grupo Vitalia, para que elaborara un estudio de rentas como forma de pago de las indemnizaciones por despido negociadas para 24 trabajadores, que ascendían a 1,5 millones de euros. Tras ello, Vitalia elaboró dos estudios de renta que arrojaban una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los que la empresa se obligaba a pagar 432.137,38 euros y la Junta 2,3 millones.
Según asevera el PP-A, Antonio Rivas "instó" a los extrabajadores de Vitalia acusados a "introducir como beneficiarios de la póliza" a dos 'intrusos', tras lo que, el 28 de junio de 2006 "y con el conocimiento" del exconsejero y del exviceconsejero de Empleo, Guerrero suscribió una carta dirigida a la compañía Apra Leven donde mostraba "su conformidad a que se suscriba una póliza para 26 extrabajadores de Surcolor", comprometiéndose a abonar entre 2007 y 2008 un total de 2,3 millones.
A juicio del PP-A, los acusados "conocían que no se había seguido procedimiento alguno", así como que "se trataba de una ayuda directa a las empresas para que éstas abonasen las indemnizaciones por despido de 24 trabajadores, sin que se formulada solicitud, sin la mas mínima tramitación administrativa, sin que se dictara por el órgano competente resolución de concesión o se recogiese de algún modo exigencia de justificación alguna".
"Esta ayuda intencionadamente no fue publicada ni registrada en la base de datos de subvenciones de la Junta", asevera el PP-A, que agrega que la suma de rentas temporales a percibir por el encausado Manuel López Espadas asciende a 135.974,63 euros y por José Antonio Márquez Sánchez a 61.438,74 euros. "Estas personas fueron incluidas de forma indebida y, evidentemente, no presentaron solicitud de ayuda ni se tramitó expediente alguno para la concesión de cualquier tipo de ayuda que se articulara mediante su inclusión en la póliza", precisa.
FACTURAS
El PP-A asevera que, "como contraprestación económica a la consecución de los fondos públicos de la Junta", Juan Lanzas "hizo" que el testaferro Juan Francisco Algarín, "como empresario individual y sin haber realizado ninguna prestación de servicios o entrega de bienes", facturara en el ejercicio 2006 un total de 118.752,64 euros a Surcolor, Surcolor Óptica e Indobarasa.
Juan Francisco Algarín "conocía que el importe de las facturas que había emitido era la contraprestación económica, de la cual participa éste, que recibía Lanzas por conseguir que con fondos públicos de la Junta se pagaran obligaciones de los empresarios sin sujeción a procedimiento alguno", reseña el PP-A en su escrito de acusación.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, ha pedido ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para Antonio Fernández, Agustín Barberá, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y el presunto testaferro Juan Francisco Algarín.
En relación a Surcolor, la Fiscalía ha solicitado además ocho de prisión para Guerrero y para el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; seis años de cárcel y diez años de inhabilitación para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de acusados.
De su lado, la Junta de Andalucía ha solicitado la libre absolución del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, del exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, de los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y del representante sindical José Hurtado.
