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SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que se insta al Gobierno central a que condicione su apoyo al Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034 a que quede garantizado el mantenimiento de la PAC como una verdadera política común europea, con personalidad, regulación, instrumentos y financiación propios, y con una "dotación presupuestaria que preserve en términos reales, y no nominales la capacidad económica de las ayudas para agricultores y ganaderos".
Se pide que el rechazo a cualquier "sistema de cofinanciación que haga depender el nivel de apoyo recibido por un agricultor europeo de la capacidad presupuestaria de su estado miembro", y a una reducción real de los recursos de la PAC o un perjuicio económico para los agricultores y ganaderos españoles y andaluces.
En la iniciativa del PP-A, se insta también al Ejecutivo nacional a garantizar la participación de las comunidades autónomas en la formación de la posición española y en la elaboración, negociación, modificación y ejecución de los instrumentos nacionales que desarrollen la PAC 2028-2034.
Se demanda "asegurar la participación de Andalucía atendiendo a su peso agrario, económico, social, territorial y exportador, evitando que el Gobierno de España adopte unilateralmente decisiones que condicionen durante todo el período de programación la distribución de los fondos europeos, la renta de los agricultores y ganaderos y la competitividad del sector sin un diálogo efectivo con las administraciones responsables de ejecutar buena parte de la política agraria".
Otra petición al Gobierno central es que exija en la negociación de la futura PAC un tratamiento específico, suficiente y adecuado para las singularidades de la agricultura mediterránea y, especialmente, para sectores estratégicos de Andalucía como el olivar, las frutas y hortalizas, los cultivos protegidos, los frutos rojos, el arroz, el algodón, los frutos secos y la ganadería extensiva.
Para el PP-A, el Ejecutivo nacional se tiene que oponer "a cualquier diseño de ayudas, convergencia, limitación, redistribución o sistema de financiación que comporte una pérdida de recursos para dichos sectores y asumiendo como objetivo negociador que ninguna reforma de la PAC pueda realizarse a costa de reducir la renta, la competitividad o la viabilidad de las explotaciones agrarias andaluzas".
Se pide también al Ejecutivo nacional que promueva ante las instituciones europeas ejecutar una reducción efectiva, verificable y cuantificable de las cargas administrativas, documentales y de control soportadas por agricultores y ganaderos.
Asimismo, se reclama al Gobierno central que apruebe, previa negociación con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias, un Plan Nacional de Reducción de los Costes de Producción y de la Carga Fiscal del Sector Agrario que sustituya la sucesión de medidas extraordinarias y temporales por un marco estable que contemple, dentro de los márgenes permitidos por el Derecho de la UE, la aplicación de la menor tributación legalmente posible sobre el gasóleo profesional agrario, medidas fiscales específicas sobre la electricidad destinada al regadío y a las instalaciones agroganaderas, deducciones, devoluciones, bonificaciones o incentivos vinculados a fertilizantes, piensos y demás factores esenciales de producción cuando experimenten incrementos extraordinarios, incentivos a la modernización, eficiencia energética, ahorro de agua, autoconsumo y renovación de maquinaria.
Se plantea la revisión de aquellas figuras tributarias estatales cuya incidencia acumulada incremente los costes de producción, corrigiendo una política basada fundamentalmente en respuestas coyunturales una vez producido el daño económico y sustituyéndola por una política fiscal agraria estructural que preserve la rentabilidad de las explotaciones.
Otra petición al Ejecutivo nacional es reforzar presupuestariamente el Sistema de Seguros Agrarios Combinados.
En la iniciativa del PP-A se pide al Ejecutivo nacional que mantenga informadas de forma periódica y previa a la adopción de decisiones definitivas a las comunidades autónomas sobre la evolución de las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y de la Política Agrícola Común posterior a 2027, facilitando las propuestas formuladas por España.
