SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del tribunal que juzga en la Audiencia Provincial de Sevilla a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha vuelto a insistir a los nueve peritos que participan desde hace seis semanas en la prueba pericial que se ciñan a las preguntas de los abogados, en este caso, de los acusados y que "no se desvíen".
Esta petición la ha realizado varias veces durante las sesiones de mañana y tarde de este martes el presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña. Y es que, como ha recordado el tribunal, la prueba pericial se está "dilatando" más de lo previsto, no sólo por los magistrados sino también por las previsiones realizadas por las partes.
Precisamente, este martes el magistrado Calle Peña ha apuntado que cuando se fijó el calendario de sesiones de la vista oral en julio de 2017 se establecieron las mañanas de los lunes, martes y miércoles y la tarde de este último día, pero "sin perjuicio de que se pudieran añadir más sesiones" dependiendo del desarrollo del juicio.
A la vista de la duración que está teniendo la prueba pericial, en la que participan tres peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dos peritos propuestos por las defensas de Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, dos por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, uno por la defensa de la exconsejera del ramo Magdalena Álvarez y uno más de parte de la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la semana pasada el tribunal decidió ampliar las sesiones previstas semanalmente hasta que finalice dicha prueba.
En concreto, habrá sesiones de lunes a viernes por la mañana y las tardes de los martes y jueves de esta semana y la próxima.
A pesar de este nuevo calendario fijado, el tribunal se ha mostrado este martes más insistente en el hecho de que los abogados que están preguntando, en concreto, de las defensas de Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, no hicieran cuestiones ya abordadas de forma reiterada. Además, se ha dirigido en varias ocasiones a los nueve peritos para que "se ciñan" a las preguntas y no desvíen el debate sobre cuestiones ya analizadas y sobre las que la Sala ya conoce los planteamientos y argumentos de cada uno de ellos, posturas "contrapuestas".
CONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO
La sesión de tarde de este martes, ya con el interrogatorio del abogado Rafael Alcácer, que defiende a Magdalena Álvarez, se ha centrado en un primer lugar en el conocimiento de los parlamentarios andaluces de la finalidad del programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo con el que se concedía las ayudas y cuyos fondos eran allegados al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación.
Para los peritos de la IGAE, según han insistido, el Parlamento fue "inducido a error" para la aprobación del Parlamento con la inclusión de las transferencias de financiación, que son para cubrir pérdidas y no para una finalidad concreta, y por la consignación de gastos "ficticios" en los presupuestos de IFA/IDEA derivados de los fondos allegados en las transferencias de financiación.
"El Parlamento sabía que se estaban concediendo subvenciones sociolaborales con el programa 31L pero no era consciente de que se usaba un crédito --transferencias de financiación-- para el pargo de las subvenciones", ha afirmado Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE.
Por contra y como ya se ha puesto de manifiesto durante las más de 20 sesiones de prueba pericial, Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa de Griñán y Lozano, ha indicado que cuando se dotada a IFA/IDEA de una transferencia de financiación es para un gasto en "materia de relaciones laborales" y no para cubrir pérdidas.
"Supongo que el Parlamento interpretó que IFA/IDEA recibía las transferencias de financiación del 31L para conceder y pagar las subvenciones", ha expresado Turrión, coincidiendo con Zornoza en que "parece obvio" que el Parlamento sabía que "las transferencias eran para pagar ayudas porque si fuera para cubrir pérdidas con una transferencia hubiera bastado". "No encontramos razón jurídicas para tantas transferencias", ha dicho Turrión.
EL TITULAR DE HACIENDA NO SE LEE LOS INFORMES DE CONTROL FINANCIERO
De otro lado, el abogado Rafael Alcácer ha abordado los informes de Control Financiero Permanente elaborados por la Intervención sobre las entidades públicas, tres informes anuales por cada ente auditado --18 en la época de Magdalena Álvarez como consejera--, y que son remitidos al titular de Hacienda. En este sentido, Juan Ramallo, perito propuesto por esta defensa, ha señalado que "nunca ha estado la administración", pero por su conocimiento de cómo funciona "un consejero de Hacienda no se dedica a leer esos informes, sino que para ello hay jefes de servicio, quienes lo elevarán al consejero cuando haya problemas evidentes".
Tampoco, para Ramallo, la titular de Hacienda puede "paralizar o modificar" una modificación presupuestaria propuesta por una consejería sectorial, sólo "elevarlo" al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Tras el interrogatorio de Alcácer, ha llegado el turno del abogado de Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena. Precisamente, a preguntas de esta defensa, el catedrático Juan Antonio Carrillo, propuesto por esta parte, ha señalado que "ninguna ley ni norma le confiere a la viceconsejera de Hacienda ninguna competencia en materia normativa, ni concretamente en la elaboración del anteproyecto y proyecto de Ley de Presupuestos".
