GRANADA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, María Escudero, ha asegurado que "todo apunta" a que el equipo de gobierno local, del PP, "se ha saltado" la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tras autorizar, "de manera unilateral y sin informar a las administraciones competentes", el desvío de policías locales para escoltar al presidente de la Diputación, Sebastián Pérez.
Escudero ha advertido que la decisión del alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, a este respecto es "sumamente grave", y por ello le ha exigido "transparencia y argumentos que justifiquen por qué los granadinos estamos sufragando el servicio de seguridad del presidente de otra institución".
La socialista ha acusado en un comunicado a los populares de "ocultar información" después de que el equipo de gobierno "no haya dado respuesta a los requerimientos de información, un derecho democrático recogido en el Reglamento Orgánico Municipal".
Para la socialista, el alcalde "ha decidido que para justificar lo injustificable hay que desautorizar a otras administraciones publicas, inventarse autorizaciones que no existen, intentar desacreditar a quien denuncia estos hechos y, como siempre, dar la callada por respuesta cuando se le piden explicaciones sobre cómo se gasta el dinero de los granadinos".
Así, ha insistido en que Torres Hurtado se "ha saltado a la torera del artículo 53.1 de la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", hecho que a su juicio es "especialmente grave cuando el mismo ha sido delegado de Gobierno y conoce perfectamente los procedimientos en materia de seguridad".
Por su parte, el concejal del PSOE Baldomero Oliver ha informado de que el grupo socialista ha registrado esta mañana varias solicitudes de información para conocer la situación administrativa de los miembros de la policía local que "pudiera estar en comisión de servicios u otras situaciones que pudieran dar cobertura legal a la prestación del servicio de escolta al presidente de la Diputación".
Además, el grupo socialista ha preguntado al PP sobre los cambios en el dispositivo de seguridad de los corporativos, las razones que los justifican y si existen excepciones a en el mismo.
También se han requerido los estudios o informes que justifican esos cambios o "tratos excepcionales" e información sobre el estudio en el que se basa el Ayuntamiento para diseñar las medidas de seguridad de los corporativos, así como el coste total del dispositivo de escolta del presidente de la Diputación.
Para Oliver, esta información es un derecho democrático reconocido a los miembros de la oposición "que no se nos puede negar" por lo que recordó que existe el plazo de cinco días para su contestación. Al respecto de esta información, los socialistas anunciaron que, en ningún caso, se hará público ningún aspecto que pueda "poner en peligro a los miembros del equipo de gobierno, ya que la seguridad de los corporativos es un asunto que nos tomamos con respeto, rigor y seriedad desde el PSOE".
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