Archivo - Imagen de recurso contra las agresiones a los sanitarios. - SATSE - Archivo
SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, podrá cambiar a un paciente que agreda al personal sanitario tanto de centro como de médico por un plazo "no superior a cinco años, siempre que se garantice la continuidad de la atención y se respeten los derechos de los usuarios". Las agresiones podrán ser infracciones leves (multas de entre 300 a 3.000 euros), graves (desde 3.001 a 15.000 euros) y muy graves (desde 15.001 a 60.000 euros).
Son algunos de los aspectos recogidos en el borrador de decreto ley de medidas de protección y régimen sancionados frente a las agresiones a profesionales del ámbito sanitario en Andalucía en el ejercicio de sus funciones, consultado por Europa Press. En relación sobre el posible cambio de centro o médico, el borrador señala que "la ejecución de estas medidas deberá adecuarse a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios afectados, especialmente en el ámbito de las urgencias y emergencias sanitarias, garantizando en todo caso la atención sanitaria urgente que corresponda y la protección de los profesionales afectados".
Según el borrador de la Consejería, las infracciones leves serán los insultos o actos "ofensivos, vejatorios o despreciativos"; las conductas "intimidatorias"; la "alteración intencionada" del normal funcionamiento de un centro o servicio y "causar daños de escasa entidad a los bienes o equipamientos". En el caso de las sanciones leves se "podrán sustituir por la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente".
En el caso de las infracciones graves, el borrador señala que éstas serán las amenazas o coacciones; actos de hostigamiento, acoso psicológico o acoso mediante medios digitales; y actos de represalia. Si hay una segunda infracción leve "durante el año anterior, siempre que esta última haya sido sancionada mediante resolución firme en vía administrativa con anterioridad a la comisión de la nueva infracción".
En cuanto a las muy graves, estas serán violencia física; actos de intimidación de especial gravedad y que pongan en riesgo relevante a un profesional; conductas atentatorias contra la libertad sexual; y la comisión de una segunda infracción graves.
Sobre las entidades sanitarias privadas con las que haya contratos o conciertos, el borrador señala que "deberán garantizar condiciones de prevención y protección equivalentes a las exigibles en el ámbito público". La Administración autonómica "podrá exigir a dichas entidades la suscripción de un seguro que garantice a los profesionales víctimas de agresiones la cobertura de asistencia jurídica y el resarcimiento económico de los daños y perjuicios derivados de aquellas".
El plazo máximo para dictar y noctificar la resolución de sanción será de seis meses para las infracciones leves y de nueve meses en el caso de las graves y muy graves "contados desde la fecha del acuerdo de iniciación". Por último, en virtud al borrador del nuevo decreto-ley, la Junta incorporará a cuatro miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --tres policías nacionales y un guardia civil-- al observatorio contra las agresiones.
