JAÉN, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juicio señalado para este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén contra un hombre, identificado como B.M.T., al que la Fiscalía acusa de haberse apropiado de más de 450.000 euros mediante préstamos que previamente falsificaba aprovechándose de su cargo como administrador de una empresa de compraventa de coches usados, ha quedado suspendido por incomparecencia de éste.
Según ha explicado el abogado que ejerce su defensa, Alfonso de Rojas, al inicio de la vista, su cliente se encontraba en ese momento ingresado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, lo que le impedía comparecer en el juicio.
Así las cosas, y toda vez que además la fiscal que se ha encargado de calificar los hechos tampoco ha podido personarse en la Audiencia por problemas personales, el tribunal de la sala ha acordado con los abogados de las distintas partes y a petición del Ministerio Público suspender el juicio, para cuya celebración se han fijado como fechas alternativas los días 21, 22 y 23 del próximo mes de abril.
No obstante, cabe la posibilidad de que el juicio finalmente no llegue a desarrollarse porque las partes alcancen un acuerdo de conformidad, como han confirmado a los periodistas presentes en la Audiencia algunos de los letrados personados en la causa, y ha apuntado el propio abogado de la defensa ya en la sala de vistas.
Por su parte, el Ministerio Fiscal y las distintas acusaciones han interesado la presentación, por parte de la defensa, de documentos que acrediten la hospitalización del referido encartado esgrimida para justificar su ausencia en el juicio.
En su escrito de calificación, la Fiscalía sostiene que el acusado se aprovechó de su condición de administrador de una empresa de compraventa de coches usados para, "durante varios años", hasta mayo de 2009, "fecha en que se descubrieron los hechos", y "con ánimo de obtener un ilícito beneficio", se dedicó a "tramitar diversos préstamos al consumo con distintas entidades crediticias, de cuyos importes se apropiaba, utilizando la documentación personal de clientes que acudían a su empresa con el propósito de adquirir algún vehículo".
Para ello, siempre según la Fiscalía, el encartado, o bien falsificaba las firmas de los clientes en los contratos de préstamo, "o de alguna persona que había conocido fuera de ella", o bien se valía de "documentos en blanco firmados por alguno" de los clientes.
En otras ocasiones, añade el escrito, el procesado usaba "documentos de préstamo de los que los clientes habían querido desistir", o cobraba "préstamos a nombre de clientes a los que no entregó ningún vehículo", e incluso "llegó a firmar contratos de préstamo al consumo a su nombre y al de su hermana (...), sin adquirir ningún bien por ello y sin sufragar las correspondientes cuotas con posterioridad".
Por estos hechos, cuatro entidades crediticias con las que el acusado presuntamente trabajaba de forma habitual le reclaman un total de 452.281,86 euros, que el procesado habría cobrado mediante esos préstamos pero que luego no habría devuelto. Más de la mitad de dicho montante --un total de 294.162,31 euros-- se lo reclama una misma entidad crediticia.
El Ministerio Público entiende que estos hechos constituyen un delito continuado de estafa y otro continuado de falsificación de documento mercantil por los que solicita una pena total de seis años de prisión y el pago de una multa de diez euros diarios durante doce meses.
Además, la Fiscalía quiere que el acusado y la empresa para la que trabajaba indemnicen "conjunta y solidariamente" a las cuatro entidades crediticias de las que supuestamente se quedó con dinero mediante esos préstamos con las cantidades que éstas reclaman, y a dos clientes de su compañía.
En su escrito de calificación, el Ministerio Fiscal solicita la declaración de más de 25 testigos, en su mayoría, clientes de la empresa de los que supuestamente se aprovechaba el encartado para la solicitud de los referidos préstamos.
Por su parte, la defensa del imputado niega que su cliente falsificase documentación alguna, por lo que entiende que "no se dan los elementos que definen los tipos penales que se le atribuyen".
