SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha considerado este miércoles que sería un "nefasto precedente" que se la condenara por las manifestaciones que realizó sobre el exministro franquista José Utrera Molina, puesto que se pondría de manifiesto la "absoluta vulnerabilidad" en la que se encuentran los ciudadanos en este país a la hora de expresar sus opiniones al amparo de la libertad de expresión.
En rueda prensa, Rodríguez se ha pronunciado así al hilo de que la familia del exministro franquista, ya fallecido, haya presentado una demanda por la vía civil contra ella por escribir en su cuenta en Twitter el pasado 2 de marzo que "hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato, Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado al son del Cara al Sol por miembros del mismo partido. Ellos siguen, nosotros también".
Los servicios jurídicos de Podemos Andalucía entregarán al juez que tramite dicha demanda sus argumentos para que la misma sea desestimada y que han sido explicados por el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías.
Teresa Rodríguez ha mostrado su preocupación por que en este país no se garantice realmente el derecho a la libertad de expresión. "Mi principal preocupación es que se lance un mensaje a la sociedad de que hay que tener miedo a la hora de opinar sobre el régimen franquista y condenarlo", ha dicho Rodríguez, para quien sería un "nefasto precedente" condenar a un cargo público por unas manifestaciones, dado que se trasladaría el mensaje de que el ciudadano común tiene una situación de especial "vulnerabilidad" a la hora de expresar sus opiniones.
En cuanto a la reacción de la familia de Utrera Molina por su tuit, Rodríguez ha dicho que parece que los "herederos de familias del franquismo se creen quizá con la superioridad moral de dar lecciones de democracia a una mera diputada de Podemos".
Ha mostrado su preocupación además por una ley de amnistía en este país y "del olvido" que permite la "impunidad absoluta de los crímenes del franquismo y que haya torturadores paseando por las calles e incluso ocupen lugares de honor", como Franco en el Valle de los Caídos o Gonzalo Quipo de Llano, en la Basílica de la Macarena de Sevilla. derogar la ley de amnistía y acabar con una situación anormal en nuestro país que haga justicia con las víctimas del franquismo.
Por su parte, Joaquín Urías ha indicado que el equipo jurídico de Podemos Andalucía ha dado una respuesta "bastante dura y razonable" a la demanda de la familia de Utrera Molina, en el sentido de explicar quién era este señor y la responsabilidad que tenía en el régimen franquista, ya que cuando condenaron a Salvador Puig, era ministro y secretario general de Falange Española y de la Jons.
"Cualquier crítica al régimen de Franco y a la actuación política de Franco debe ser también una crítica a los que la apoyaron", ha indicado Uría, para quien decir que "la persona que apoyó a Franco y que estaba de secretario general del partido único en el momento en que condenan a Puig es responsable de su muerte, es perfectamente razonable". "Es responsable de su muerte porque ha apoyado el régimen franquista, no era un mindundi, era el secretario general del partido único", ha sentenciado.
Asimismo, ha señalado que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se publicó la decisión de la condena de Puig se refleja que la tomó Franco, "de acuerdo con sus ministros". "No hay ninguna duda de que Utrera Molina participó en la decisión de no conmutar la pena de muerte y de que, en consecuencia, se ejecutara a Puig", ha apuntado.
En este sentido, ha considerado que la demanda de la familia de Utrera Molina es un "despropósito y roza la desfachatez", al tiempo que defendido el derecho de crítica política que tienen los ciudadanos y la libertad de expresión.
Urías ha expresado que no tiene "la más mínima duda" de que cuando el juez reciba los argumentos de Podemos frente a la demanda, "automáticamente va a desestimar esa demanda civil porque no hay ninguna base ni constitucional ni jurídica".
