JAÉN, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La sección Metal, Construcción y Afines (MCA), Federación de Industria de UGT-A ha anunciado para este martes la formalización ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de la demanda por conflicto colectivo contra la Junta por los "numerosos incumplimientos" del Plan Linares Futuro, con el que se echó el cierre a Santana Motor en febrero de 2011.
Cuatro años después del cierre, un total de 87 trabajadores del grupo B (menos de 50 años) están a la espera de una recolocación o "salida digna", algunos de ellos "desahuciados", sin ningún tipo de prestación económica, según han puesto de relieve el secretario ejecutivo de MCA en UGT-A, Manuel Jiménez y el secretario general de esta federación en Jaén, Javier Perales.
"No vale que la Junta de Andalucía ahora escurra el bulto y diga ahora que ha cumplido con sus compromisos, cuando eso no es verdad", ha dicho Manuel Jiménez y añadió que desde la UGT lo que se persigue con esta demanda es que "se cumpla el acuerdo Linares Futuro que suscribimos en su día y que se cumpla en todo su conjunto".
Jiménez ha insistido en que lo que se busca es "empleo" para los extrabajadores que tenían un pacto firmado y que necesitan de la aplicación de medidas "sociolaborales" para ofrecerles una salida a su situación. "Confiamos en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos de la razón para que haya justicia para esos compañeros que tuvieron la desgracia de abandonar su puesto de trabajo", ha dicho Jiménez.
El colectivo del grupo B está integrado por los extrabajadores de la factoría, menores de 50 años en el momento de la firma del Plan Linares Futuro, rubricado por sindicatos, Administración y acreedores concursales, y que no pudieron acogerse al plan social. Cuatro años después siguen pendientes de una solución. Jiménez ha recordado que esas personas dejaron sus puestos de trabajo bajo el compromiso de ser contratos en nuevos proyectos. Esas recolocaciones no han llegado y tampoco lo han hecho los nuevos proyectos.
En junio de 2014, la federación se presentó ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el requerimiento previo a la demanda que marca la ley. Transcurridos tres meses y sin respuesta alguna por parte de la Administración demandada, lo que se ha considerado silencio administrativo, MCA-UGT ha procedido a adoptar la vía contencioso-administrativa para reclamar el cumplimiento íntegro del protocolo.
Una vez que se cumpla con el trámite de formalización de la demanda anunciado para este martes, sólo queda esperar, según Jiménez, que "pongan plazo para el juicio", algo para lo que habrá que esperar un año aproximadamente, según estimaciones del sindicato.
En este punto, Jiménez se ha mostrado confiado en que la Justicia les de la razón porque "los acuerdos están para cumplirlos y aquí está claro quien no lo los ha cumplido", en alusión a la Junta de Andalucía.
