Alejandro Hernández, ha mantenido una reunión con representantes del Movimiento J2 en Córdoba, colectivo que agrupa a abogados y procuradores mutualistas y que está liderando una reivindicación a nivel nacional para garantizar una jubilación digna. - VOX
CÓRDOBA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado andaluz de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, ha mantenido una reunión con representantes del Movimiento J2 en Córdoba, colectivo que agrupa a abogados y procuradores mutualistas y que está liderando una reivindicación a nivel nacional para garantizar una jubilación digna y una protección social justa.
Tras el encuentro, Hernández ha explicado que "nos han trasladado una situación profundamente injusta. Profesionales que han cotizado durante décadas se enfrentan a pensiones que, en muchos casos, oscilan entre los 350 y los 600 euros mensuales. Estamos hablando de prestaciones ridículas para personas que han sostenido con su trabajo el Estado de Derecho".
El diputado andaluz ha respaldado expresamente la principal demanda del colectivo: la pasarela al RETA con reconocimiento 1x1, es decir, el traspaso de las cotizaciones realizadas a la Mutualidad General de la Abogacía al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos reconociendo el 100% de lo cotizado, tanto en tiempo como en aportaciones económicas.
"Nos piden algo tan elemental como que se respete íntegramente lo que han cotizado. Ese 1x1 no es un privilegio, es justicia", ha afirmado Hernández. Asimismo, el Movimiento J2 reclama una cobertura social garantizada ante situaciones de incapacidad, viudedad u orfandad, ya que actualmente muchos mutualistas carecen de la protección equiparable al sistema público.
"Nos han trasladado que, ante contingencias graves, la protección es claramente inferior. Eso no puede seguir así", ha subrayado el parlamentario andaluz. Durante la reunión también se puso de manifiesto una situación especialmente preocupante: la discriminación que sufren muchas mujeres mutualistas dentro del propio sistema.
Según trasladaron al diputado, la técnica aseguradora aplicada tiene en cuenta la esperanza de vida de la persona beneficiaria, siendo mayor en el caso de las mujeres. Esto se traduce en prestaciones inferiores para ellas, pese a haber realizado esfuerzos de cotización similares.
"No podemos aceptar que, además de pensiones insuficientes, exista un perjuicio añadido para las mujeres por el mero hecho de tener una mayor expectativa de vida. Esa desigualdad debe corregirse", ha señalado Hernández. El colectivo también exige una reforma legislativa que permita el cambio de régimen y mayores niveles de transparencia y responsabilidad en la gestión de la Mutualidad, llegando incluso a solicitar la dimisión de su presidente por la situación generada.
Hernández ha asegurado que apoyará todas aquellas iniciativas institucionales que insten al Gobierno de España a modificar la normativa vigente: "No podemos mirar hacia otro lado mientras miles de abogados y procuradores ven comprometido su futuro. Quienes han defendido los derechos de los demás merecen que el sistema les garantice los suyos".
Finalmente, ha reiterado el compromiso de seguir trabajando junto al colectivo para que sus reivindicaciones sean escuchadas y se traduzcan en cambios normativos efectivos que aseguren jubilaciones dignas, igualdad real y una protección social efectiva para todos.