SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis que dejó a más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos, que tenía previsto su inicio este viernes en la Audiencia Provincial de Sevilla, ha quedado finalmente aplazado.
Tal y como han detallado a Europa Press fuentes judiciales, el tribunal ha invitado a las partes a acercar posturas para evitar la celebración de este macrojuicio. Se pretende, además, resolver las responsabilidades penales y civiles de forma conjunta, si bien, de no alcanzar este consenso, se buscará un acuerdo penal y otro civil por separado.
Así las cosas, será finalmente el lunes 26 de octubre, tras un aplazamiento de diez días, cuando las partes volverán a reunirse para materializar este acuerdo o, de lo contrario, comenzar con el planteamiento de las cuestiones previas.
Cabe mencionar que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, encabezada por la juez Mercedes Alaya, será la encargada de enjuiciar esta causa, dirigida contra los miembros de la familia administradora de la empresa, el arquitecto técnico y la veterinaria municipal investigada en la causa.
LOS GEMELOS JAVIER Y PABLO
De hecho, ha sido la entrega de una documentación de última hora la que ha motivado una reunión entre las partes personadas durante algo más de dos horas antes del inicio del juicio. Finalmente y tras abandonar la Sala, se ha informado del aplazamiento.
En concreto, estos son los informes entregados por la familia de dos gemelos, Javier y Pablo, que tras ingerir su madre un montadito con esta carne contaminada en la última fase de la gestación, sufren diversas secuelas por las que los progenitores solicitan en conjunto ocho millones de euros, sin intereses incluidos.
Ambos, de siete años de edad, conviven ahora con las consecuencias de este episodio, pues Javier padece una discapacidad del 40 %, mientras que su hermano presenta una discapacidad del 75 % que le impide expresarse con propiedad o andar con normalidad, tal y como ha detallado en declaraciones a medios el letrado responsable de la representación procesal de la familia, Manuel Parrilla.
"Su estado requiere que esté siempre en brazos de su madre. No puede hablar, tiene una dieta controlada hecha a base de alimentos que puede digerir. Su madre ha abandonado su carrera profesional para dedicarse las 24 horas del día a él y a su hermano. Nos llegaron a decir que era un milagro que Pablo estuviese vivo", ha indicado el abogado en declaraciones a medios.
El letrado ha acusado directamente al Ayuntamiento de Sevilla, que figura como responsable civil subsidiario ante la posible responsabilidad derivada de la actuación de la inspectora veterinaria municipal, de "abandonar" a los afectados. "Nos sentimos abandonados, no han dado ni un paso, no han preguntado a las familias ni se han preocupado por alcanzar un entendimiento", ha expresado.
Al respecto de la causa se ha pronunciado durante la jornada el portavoz municipal, Juan Bueno, quien ha subrayado que el Gobierno local "siempre está abierto a explorar cualquier camino y cualquier posibilidad para solventar el asunto de la mejor forma posible", llegando incluso a afirmar que el Ayuntamiento no tendría "ningún problema" si se llegase a proponer un posible acuerdo entre las partes.
"Todo lo contrario, estaríamos de acuerdo en alcanzar un acuerdo entre todas las partes, siempre que fuese entre todas las partes y que pudiera llegar a hacerse", ha enfatizado, remarcando a su vez un "profundo respeto" por los procesos judiciales". "Si hay algo en lo que nosotros, como administración, podamos ayudar, lo haremos. Pero no hay ningún movimiento en la mesa por nuestra parte", ha contemplado.
FACUA LAMENTA FALTA DE ACUERDO
A primera hora de la mañana, las puertas del juzgado del Prado de San Sebastián acogían las declaraciones del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien lamentaba la "falta" de acuerdo entre las partes y expresaba su "preocupación" por la "cantidad descomunal" solicitada, a su parecer, por la Junta de Andalucía en materia de indemnizaciones, que "no suele exigir en otros procesos".
También acusaba al Ayuntamiento de "no tener intención" de alcanzar un acuerdo, al "dejar en mano de las aseguradoras lo que se quiera pagar o no a las víctimas".
"Para nosotros es determinante el papel de la veterinaria del Ayuntamiento, que actuó a nuestro juicio de forma negligente, como también fue negligente el Consistorio, que permitió que una empresa de forma ilegal operara en el mercado, sin cumplir sus funciones de información y pasando por controles chapuceros que no detectaron las inseguridades alimentarias", ha concretado.
De cara al juicio, la Fiscalía detectó respecto a los hechos un supuesto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
Por el primer delito, reclamó para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de cárcel; reclamando para cada uno de los mismos otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico para todos los acusados salvo para el arquitecto y un año y medio más de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y esta vez sí para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.
