Aprobado el Plan de Inspección de este año, que evaluará los servicios de la Administración de Justicia

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Plan General de Inspección de la Junta de Andalucía para 2009, que en esta ocasión prestará especial atención a evaluar las condiciones de trabajo y los servicios que se prestan en la Administración de Justicia.

Como principales líneas de trabajo, la actividad inspectora se centrará en aspectos como la aplicación de las tecnologías de la información, la seguridad de los sistemas informáticos y la protección de los derechos de la ciudadanía y de los operadores jurídicos en su relación electrónica con la Administración de Justicia.

Asimismo, se examinarán los planes de formación, las condiciones de desarrollo profesional y el nivel del absentismo laboral en los cuerpos de apoyo administrativo a los órganos judiciales sobre los que tiene competencia la Junta de Andalucía.

El Plan de Inspección, elaborado por la Consejería de Justicia y Administración Pública, es el principal instrumento que permite garantizar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en la actividad de la Junta.

Además de las nuevas líneas de trabajo incorporadas este año, las inspecciones seguirán profundizando en los objetivos de mejorar la atención al ciudadano, fomentar la modernización de la gestión pública, garantizar la legalidad de los procedimientos administrativos, promover la responsabilidad social, impulsar la participación ciudadana y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en la prestación de servicios.

En este último capítulo se vigila especialmente el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y la correcta tramitación telemática de las contrataciones de la Administración.

La programación para 2009 se completará con las medidas habituales de cada año en materias como la inspección de procedimientos administrativos, la concesión de ayudas y subvenciones, la fiscalización de contrataciones o la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades de empleados públicos.