Asaja-A, Feragua y arroceros señalan que la DIA es "la mejor" garantía contra un dragado "insostenible"

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja en Andalucía, Feragua y arroceros de Sevilla han señalado este viernes que la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es "la mejor" garantía contra un dragado "insostenible y sin la adecuada protección al medioambiente y a la actividad agrícola que se desarrolla en el estuario".

Así, ha apuntado que se la DIA es "el mejor blindaje" para que este proyecto sólo pueda realizarse dando cumplimiento "estricto" a todas las reservas y recomendaciones ambientales planteadas en su momento por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

De acuerdo con esa DIA, según ha recordado, la ejecución del Dragado del río Guadalquivir exigiría dar una respuesta previa a la defensa de todas las márgenes del estuario como medida correctora al efecto de deslizamiento de laderas durante la ejecución del canal de navegación y, posteriormente, del oleaje producido por los barcos de mayores dimensiones en la explotación futura del canal de navegación.

Igualmente, es condición previa para el dragado "la solución previa a los problemas de salinidad que este proyecto generará en el estuario", con el consiguiente aumento de la demanda de agua en una cuenca estructuralmente deficitaria.

"Todos los estudios científicos confirman y avalan esta necesidad, sobre la que el anterior ministro del ramo Miguel Arias Cañete fue muy explícito al afirmar que pasaría a la historia por ser el ministro que consintiera la salinización del estuario".

De esta manera, apuntan a que la ejecución del dragado debe supeditarse a la puesta en marcha de un plan de medidas correctoras y compensatorias para todos los afectados, y muy especialmente el proyecto de protección de márgenes del estuario y al proyecto de modernización del sector arrocero, "principal, pero no único sector económico perjudicado por el dragado".

En este sentido, han detallado que no se ha producido avance alguno concreto en relación con estas medidas y que de hecho el presupuesto que maneja el puerto para todo el proyecto de dragado es "completamente insuficiente y ni siquiera da para abordar en su totalidad las duras medidas ambientales exigidas por la DIA".

SENTENCIA DE AUDIENCIA NACIONAL

De igual manera, ha asegurado que la interpretación que la Autoridad Portuaria de Sevilla ha realizado sobre la reciente sentencia de la Audiencia Nacional en relación con un recurso presentado por una organización ecologista es "falaz y demagógica", pues "no hay en esa sentencia una sola línea sobre el fondo de la cuestión, y menos aún una línea despejando el camino al dragado, como se ha vendido".

Además, han criticado la forma de proceder de la Autoridad Portuaria, "agravada en los últimos meses", en los que sus representantes vienen "insistiendo en la necesidad de acabar el dragado antes de final de año, cuando la realidad es que a día de hoy ni siquiera han presentado un proyecto de márgenes que aclare qué medidas correctoras son las que van a poner en marcha".

Frente a esto, apuntan que el proyecto necesita tiempo y han reprochado los diez años que ha perdido la Autoridad Portuaria de Sevilla "queriendo ignorar la necesidad de acometer y buscar financiación para las medidas correctoras y compensatorias de impacto ambiental y de protección de la actividad agrícola".

En este sentido, han detallado que la realización del dragado en dos fases "lejos de facilitar y acelerar los tiempos los ralentizaría", pues exigiría una nueva DIA, según el criterio del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pues la actual DIA está concebida para un dragado completo.

Asimismo, han insistido en la pérdida de miles de empleos directos e indirectos vinculados al regadío en el Guadalquivir y el efecto negativos en los sectores que están en juego en este proyecto.

Por último, han pedido a las administraciones públicas y partidos políticos, así como a representantes empresariales y sindicales, que actúen en todo momento en defensa de la legalidad y de los intereses generales, "sin dejarse llevar por intereses partidistas o conveniencias preelectorales".