Ayuntamiento firma la suspensión de actividad del negocio con embutido inmovilizado hasta el fin de inspección

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal responsable de la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, la socialista Teresa Florido, ha firmado este viernes la suspensión temporal de la actividad de la empresa sevillana que tenía a la venta hasta 17.400 kilogramos de embutidos y otras piezas sin cumplir las normas de calidad --lo que ha motivado su inmovilización-- hasta que no finalice la investigación en curso.

Fuentes municipales han informado a Europa Press de que mientras se continúan las labores de inspección veterinaria, la actividad de este negocio queda suspendida hasta que se subsanen las deficiencias, que por el momento consisten en la no coincidencia del etiquetado con la calidad del producto.

Según la Junta, entre otras infracciones se ha comprobado que estos productos "no reúnen los requisitos exigidos para su comercialización como ibéricos ni en lo que se refiere a su certificación ni en cuanto a las garantías de trazabilidad".

Según indicó la Consejería de Agricultura en una nota, durante la operación, en la que también ha actuado la Policía Local y la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla en el marco de su competencia sanitaria, la Consejería ha detectado además que la empresa comercializaba productos cárnicos de cerdo blanco procedente de Italia bajo la denominación de ibéricos.

La Junta, que ha paralizado la comercialización de este tipo de productos, está actualmente evaluando el volumen de carne que ha salido a la venta tras la manipulación de los etiquetados. Asimismo, se ha ordenado la destrucción de 1.600 kilos de productos por diferentes incumplimientos sanitarios.

La administración autonómica explicó que una vez que los técnicos de la Consejería de Agricultura concluyan las labores de inspección, se enviarán las actas correspondientes a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca para que se inicie el proceso sancionador.

Este tipo de infracciones conlleva unas penalizaciones que pueden ser de hasta cinco veces el valor del producto comercializado.

Esta operación se enmarca en los controles de calidad agroalimentaria que lleva a cabo la Junta con el objetivo prioritario de velar por el cumplimiento de las normativas relativas a la seguridad de los consumidores.