Cádiz.- La Junta desmantela un punto negro de mortandad de fauna por uso de cebos envenenados en una finca de Jerez

CADIZ 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente anunció hoy que, a través de su equipo canino de detección de cebos envenenados, ha desmantelado un punto negro de mortandad de fauna en una finca de Jerez de la Frontera (Cádiz), en la que había aparecido un ejemplar de águila imperial ibérica muerto.

Según informó la Junta en un comunicado de prensa remitido a Europa Press, en esta inspección del equipo canino han aparecido once cebos que actualmente se están analizando en el Centro de Análisis y Diagnóstico de Sevilla con el objetivo de determinar si contenían veneno.

Además de esta rapaz, en esta inspección, que tuvo lugar el pasado día 14 de febrero, se han encontrado cadáveres de un busardo ratonero, un aguililla calzada y un perro, cuyos restos también están siendo analizados en el citado centro para averiguar la causa de su muerte.

El descubrimiento de este punto negro se ha producido gracias al trabajo del equipo de seguimiento del proyecto de reintroducción del águila imperial ibérica en Andalucía, ya que el radiotransmisor de uno de estos ejemplares dio la alarma a los técnicos de la Consejería de su falta de movilidad habitual.

Este aparato, dotado de tecnología vía satélite, permitió a los técnicos dar la localización exacta del ejemplar al equipo canino, que tras su inspección lo localizaron sin vida. En una inspección posterior en fincas colindantes, el equipo no halló ningún cadáver ni cebo alguno.

El uso de cebos envenenados está tipificado como delito en el Código Penal (artículo 336), y contempla penas de prisión de cuatro a 24 meses e inhabilitación por un período de entre tres y ocho años. La Ley de Flora de Fauna Silvestre de la Junta considera el uso de cebos envenenados una infracción grave y prevé sanciones que van desde los 60.000 euros hasta los 300.500 euros.

Además, existen otras normativas internacionales y nacionales actualmente vigentes que regulan la prohibición del uso de venenos, como el convenio de Berna y las directivas europeas sobre aves y hábitats, así como la ley estatal sobre conservación de los espacios naturales y fauna silvestre.