SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
CCOO, CSIF, UGT y Ustea han solicitado este viernes al Defensor del Pueblo Andaluz que intervenga para que "se deje sin efectos la reducción de la jornada de trabajo y retribuciones al personal con contratos no fijos de la Administración andaluza.
Así lo han señalado ante la inminente aprobación de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2015 por el Parlamento Andaluz, "sin que se haya tenido en cuenta la reivindicación de las centrales sindicales con presencia en la mesa sectorial del personal funcionario y en la comisión del VI convenio colectivo del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía".
A su juicio, se trata de "un agravio comparativo" con todas las demás administraciones, tanto a nivel andaluz como estatal, puesto que quedaría como "la única administración en todo el territorio español a la que se le seguirían aplicando estas deducciones", que, según detallan, sería "contrarias al Derecho Comunitario, por cuanto infringe la Directiva 1999/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada".
Los sindicatos en un comunicado conjunto, han apuntado que otra comunidad autónoma, como la Canaria que adoptó una medida similar, "la ha dejado sin efecto recientemente". También apuntan a la sentencia 475/2014 de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la comunidad Valenciana que ha anulado esta medida discriminatoria acordada en la Comunidad Valenciana.
También señalan que es la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, la que establece en los artículos 4 y 15 esta reducción de la jornada de trabajo con carácter excepcional y temporal, siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo que queda sin efectos en esta fecha.
Como medida de ahorro, han subrayado que es mínima la incidencia de esta reducción en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, puesto que "el número de trabajadores a quienes afecta es reducido y que en algunos casos no llegan a completar unas retribuciones líquidas de mil euros". En cambio, ha hecho hincapié en que "sí afecta a la unidad familiar de estos trabajadores que ven mermado su nivel de vida".
