SEVILLA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Municipal de Imagines en el Ayuntamiento de Gines, Concepción Pérez, ha criticado su "expulsión violenta" de las dependencias municipales por miembros de la Policía Local tras "negársele por parte del gobierno municipal la entrega de una documentación a la que tiene derecho como concejal en base al Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, habiéndole sido autorizada previamente la misma por parte del alcalde, Romualdo Garrido (PSOE)".
La concejal de Imagines, a través de un comunicado remitido a Europa Press, quiere "desmentir rotundamente las afirmaciones que en las últimas horas se vienen difundiendo" sobre la portavoz municipal de dicha formación.
Por ello, desde el partido se indica que "en ningún caso hubo malos modos, faltas de respeto ni actos de violencia física o verbal" hacia ningún miembro del gobierno ni de la Policía Local, y ha asegurado que la portavoz se limitó a exigir una documentación "a la que tiene derecho y para cuya obtención había sido autorizada" días previos por parte del alcalde.
Además, ha asegurado que en el Ayuntamiento, sobre las 10,30 horas la portavoz solicitó la documentación, pero que le fue reiteradamente denegada y que "únicamente" se le ofreció como respuesta que transcurridas dos horas podría leer la misma. "Ante la insistencia de la portavoz para que le fuera entregada la citada documentación, el alcalde requirió la presencia de los miembros de la Policía Local, quienes tras mediar pocas palabras y actuando con una clara y manifiesta desproporcionalidad, la zarandearon violentamente", ha expuesto la formación en el comunicado.
Asimismo, Imagines ha negado que "como se argumenta para justificar la actuación policial, la labor del Gobierno fue obstaculizada por su petición de entrega de dicha documentación", ya que han asegurado que los hechos tuvieron lugar antes de las 13,00 horas, cuando la reunión de la Junta de Gobierno Local aún no había comenzado.
El partido ha informado de que "ante estos hechos y para evitar males mayores", la portavoz abandonó las dependencias municipales sin la documentación a la que "tiene derecho y para cuya entrega había sido autorizada".
"Las informaciones manipuladas y tergiversadas, creadas por parte de algunos miembros del equipo de gobierno y secundadas por algunos de sus simpatizantes, son un intento más, quizá el más grave, de sacar de la carretera a quienes, desde la oposición, simplemente tratan de cumplir con su obligación de controlar la actuación del gobierno", ha señalado la formación política.
De esta forma, han manifestado que esas informaciones se enmarcan dentro "de la campaña de desprestigio y difamación que, desde que comenzó la legislatura, viene sufriendo Imagines, en general, y Pérez, en particular" y han enunciado que "un claro ejemplo de esta persecución es la expulsión del pleno que sufrió la portavoz el pasado 4 de abril por solicitar la palabra", la cual han asegurado que le fue denegada por el alcalde de manera "arbitraria y antidemocrática, como quedó reflejado en los video-actas".
También ha asegurado que desde su entrada en el Consistorio en las pasadas elecciones municipales, "fruto del apoyo obtenido en las urnas, Imagines no ha hecho sino velar por la decencia pública y el ajuste de la acción del gobierno a la legalidad" y han informado de que esta labor de oposición se ha traducido, entre otras actuaciones, en la formulación de dos denuncias ante la Fiscalía, que han sido admitidas a trámite y cuyos hechos están siendo investigados por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil, a instancias de los Juzgados de Instrucción Números 6 y 13 de Sevilla.
De este modo, han considerado que han asistido "a la escenificación de una revancha que va más allá del ámbito político y se introduce en el terreno personal en forma de ataques y descalificaciones", ya que piensan que el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, "se siente acorralado por su propia incompetencia y hace pagar a quienes se atreven a denunciar política y judicialmente sus desmanes un alto precio en forma de campaña de odio e intoxicación a través de las redes sociales".
Por último, han criticado que, "con argucia política, el gobierno pone trabas y dificultades para no cumplir con lo establecido en la ley, vulnerando así un derecho fundamental establecido en el artículo 23 de la Constitución".
