Pide este modelo para los más de 80 mil andaluces con discapacidad superior al 33% afectados por un problema de salud mental
SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pasado 24 de noviembre la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes-Andalucía) reunió en una jornada de trabajo a expertos en materia sanitaria y social de Andalucía con el objetivo de generar un discurso "unificado y riguroso" en defensa del modelo de atención social y sanitaria "público, universal y gratuito" para las personas afectadas por enfermedades crónicas o de especial complejidad, como por ejemplo las personas afectadas por problemas de salud mental.
Tras esa jornada de trabajo sale a la luz el documento que recoge las impresiones de los ponentes de la jornada, un documento que se ha presentado este martes públicamente y ante el Observatorio de Salud Mental de Andalucía (OSMA) con el objetivo de elaborar la hoja de ruta definitiva en la que se trate de avanzar en una práctica coherente con la demanda de coordinación social y sanitaria.
La federación entiende el futuro de la protección social como un espacio "centrado en la personas, orientado a un gasto justificado y eficiente". Desde esta perspectiva, la necesidad de coordinar los servicios sanitarios y sociales es una evidencia ante situaciones que requieren atenciones de uno y otro sistema. Las personas viven estas situaciones de forma integral y requieren, en consecuencia, recibir las atenciones que precisan de manera integrada.
En el actual contexto de crisis "lo sociosanitario" está siendo utilizado para recortar derechos sociales, reducir prestaciones y servicios, especialmente en el ámbito sanitario. Desde Feafes-Andalucía apuestan por una coordinación efectiva de servicios sanitarios y sociales, "sin merma" de los derechos reconocidos en ambos sistemas y "sin degradar" sus dispositivos prestacionales.
Entre las conclusiones presentadas, Feafes-Andalucía cree que se deben dar, entre otras, las siguientes condiciones para la correcta coordinación entre los servicios sanitarios y sociales: destinar las inversiones tecnológicas y organizativas necesarias en un horizonte a medio y largo plazo; se debe establecerse la base de un marco de derechos garantizados en ambas materias, como un avance y una mejora de la protección social y de los derechos de ciudadanía, y en el abordaje de las situaciones de necesidad en las que ambos sistemas tienen que intervenir; la coordinación de servicios sanitarios y sociales no se puede establecer al margen de esta responsabilidad pública, para ello proponemos atenciones combinadas en procesos únicos para cada persona que lo necesite, con atenciones diferenciadas que se lleven a cabo en ámbito local y, sobre todo, en el propio domicilio del usuario.
El documento que se ha presentado en el Cermi de Andalucía ha sido elaborado por expertos en materia social y sanitaria del Comité Europeo; del Parlamento de Andalucía, de la Defensoría del Pueblo, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, del Servicio Andaluz de Salud, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del movimiento asociativo de Salud Mental.
DATOS
Según se recoge la Base Estatal Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (informe 31.12.13 - último informe del que disponemos), las personas que tienen un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento en Andalucía es de más de 500 mil personas, de las cuales 80 mil de estas personas están afectadas por un problema de salud mental.
Según el informe 2014 sobre 'Los Servicios Sanitarios de las Comunidades Autónomas', Andalucía ocupa el sexto lugar de valoración en cuanto al resto de regiones. Este Barómetro Sanitario de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), está fundamentado en 26 items o indicadores sobre aspectos como la financiación, los recursos, la política farmacéutica, la valoración ciudadana, la lista de espera y el grado de privatización de los recursos.
En cuanto a los resultados de la aplicación de la Escala en el territorio, en el XIV Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia de enero de 2015, Andalucía destaca con una puntuación de 7,10 sobre 10, ocupando la tercera posición en el dictamen. Con estos datos, la Federación andaluza entiende que nuestra comunidad autónoma parte de una buena base social y sanitaria para implantar el modelo que proponemos de coordinación.
