Un interventor considera que el SAE pudo falsear las certificaciones de los cursos para "beneficiar a determinadas empresas"
SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Intervención General de la Junta de Andalucía ha elevado a 3.015 millones de euros las cantidades pendientes de justificar y que han sido objeto de requerimiento por parte de las intervenciones competentes en relación a los programas 32D y 32L vinculados a las subvenciones para los cursos de formación entre los años 2005 y 2013.
De este modo, y según consta en la información remitida el 17 de marzo por la Intervención de la Junta de Andalucía a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, consultada por Europa Press, hasta 2.260 millones de euros estarían vinculados a los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el resto a las ocho delegaciones provinciales, destacando el caso de la delegación de Sevilla, con 262 millones de euros, y de Cádiz, con 229 millones.
Estos datos se han conocido este martes, después de que la juez Mercedes Alaya levantara la semana pasada el secreto parcial de las actuaciones que pesaba sobre la causa del fraude en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía y que culminó con la operación 'Barrado' en la que la Guardia Civil detuvo a un total 16 personas, incluidos 13 exaltos cargos de la Junta, todas las cuales fueron puestas en libertad con cargos.
En este sentido, la juez dictó el lunes de la semana pasada un auto en el que acordó levantar el secreto parcial de las actuaciones que decretó el pasado 13 de febrero tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas" por la Intervención.
Entre la documentación de la que se ha dado traslado a las partes, consta la declaración como testigo ante Alaya de Ignacio García Revilla, quien en julio de 2010 fue nombrado interventor adjunto de Control Financiero y Control Financiero Permanente de las grandes empresas de la Junta y que en su comparecencia hizo alusión a los certificados emitidos por el SAE una vez se había liberado el pago del 75 por ciento de las ayudas y donde "se hacía contar que los fondos subvencionados se habían destinado a la finalidad objeto de la subvención".
Este interventor puso de manifiesto que "los certificados de finalidad con carácter general no eran concordantes con la realidad, de la muestra que se eligió a la hora de realizar tanto el informe de cumplimiento de 2012 como los informes especiales, sobre todo en relación a estos últimos, ya que la inmensa mayoría presentaban problemas de justificación", según consta en el acta de su declaración, consultada por Europa Press.
LA "FALTA DE REALIDAD" DE LOS CERTIFICADOS
A su juicio, además, "si el órgano gestor era consciente de que los certificados de finalidad no coincidían con la realidad como en la práctica al menos de la muestra así sucedía, desde luego ello constituía un impedimento para que la Intervención realizara mayores comprobaciones acerca de la justificación de las subvenciones", pues "conocería que la Intervención en la práctica de acuerdo con la guía y de acuerdo con el Reglamento de Intervención le bastaba con el referido certificado".
Al hilo, aseveró que "no tiene evidencias directas pero sí indirectas, a través de la falta de realidad de los certificados y de los numerosos fallos en la tarea de comprobación por parte del órgano gestor que no pueden imputarse a falta de tiempo, que las deficiencias en las tareas de justificación por parte del órgano gestor se realizaran deliberadamente".
En este punto, la juez le cuestionó por la razón que hubiera llevado al órgano gestor a actuar deliberadamente y el testigo aseguró que "por beneficiar a determinadas empresas o a determinados grupos de beneficiarios".
"SEGUIR DANDO SUBVENCIONES COMO SEA"
También le preguntó la magistrada por el hecho de que se hayan dictado resoluciones de exoneración de la necesidad de justificar el gasto de las subvenciones --cifradas en 950 millones de euros--, señalando el interventor que "en su opinión como ciudadano cree que todo obedece a la misma finalidad de favorecer a determinadas empresas o determinados grupos y el seguir dando subvenciones como sea", una opinión que ofreció "sin estar basada en técnicas de auditoría".
El interventor también afirmó que únicamente realizaron informes provinciales advirtiendo de "importantes irregularidades" y no elaboraron un informe especial sobre el órgano central "porque el informe de cumplimiento de 2012 no tenía la contundencia necesaria y porque el tema está ya judicializado", ante lo que tanto la juez como el fiscal Anticorrupción mostraron su interés por que se pudiera realizar dicho informe especial "habida cuenta del importe acumulado de justificación que estaba valorado en 700 millones".
Tras indicar que "hablará con su superior acerca de la conveniencia y el interés de abordar la realización de este informe", el interventor también consideró "muy escasos" los procedimientos de reintegro iniciados por la Junta, aunque "ahora mismo no tiene datos suficientes para saber si efectivamente los iniciados tenían la tendencia a ser paralizados o a archivarse por alguna razón".
Para finalizar, también puso de manifiesto la "falta de medios, sobre todo de personal", existente en la Intervención, pues "cada unidad se nutre de personal escasamente cualificado que carece de formación específica ya que vienen de otras áreas de la Junta, desconociendo los conocimientos más básicos, tales como contabilidad", de ahí que "se produzca un retraso importante en la emisión de los informes, teniendo en cuenta además que cada vez son más numerosas las áreas de riesgo y requerimientos judiciales".
No obstante, "el interés en dar respuesta a los requerimientos judiciales es máxima, ya que a partir de ellos la Intervención se ha fortalecido como órgano de control", finalizó.
