SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla está investigando Miguel G.J., dueño de la empresa Río Grande, la cual ostenta la propiedad de la terraza Puerto de Cuba, ubicada en la calle Betis de la capital hispalense, por supuestamente entorpecer el uso de la referida terraza a sus actuales inquilinos, la sociedad Puerto de Cuba en Liébana S.L.
En una providencia, fechada el 26 de julio y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado ordenó la citación del referido empresario para tomarle declaración el pasado 4 de septiembre, en calidad de investigado, tras haber admitido la denuncia interpuesta por el apoderado de Puerto de Cuba en Liébana S.L. contra Miguel G.J., dos sociedades mercantiles vinculadas a éste Faeton Capital y Al-Andalus Siglo XXI, y Francisco P.M.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, la parte demandante apunta que el Juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla dictó sentencia contra los ahora denunciados y ordenó "haber lugar" que Puerto de Cuba en Liébana S.L. "recobre la posesión" de la terraza "al haberse producido el despojo" en su posesión "por actos realizados por la entidad Río Grande de Sevilla" el pasado 31 de octubre, los cuales fueron calificados por los denunciantes como un desalojo "violento y forzoso".
De esta manera, la sentencia ordena "devolver y reponer a Puerto de Cuba en la legítima posesión que ostenta de las siguientes zonas del restaurante Río Grande de Sevilla" y condena, a los ahora denunciados, a que "se abstengan de realizar ninguna actuación que impida a Puerto de Cuba continuar en la pacífica posesión de las referidas zonas".
Ante la falta de firmeza de la sentencia, el Juzgado decretó la ejecución provisional de la sentencia y toda vez que los denunciados "no procedieron al cumplimiento voluntario de la misma", se ordenó el lanzamiento judicial del recinto, el cual se produjo el pasado 8 de marzo.
La demanda añade que tras el lanzamiento, los actuales inquilinos están sufriendo "gravísimos y violentos actos de perturbación de la posesión" entre los que se encuentran "impedimento al suministro eléctrico y de agua corriente, el despojo de dos puertas pequeñas situadas en el acceso principal del local o el cierre con un candado de la puerta de acceso existente entre la zona del jardín y la conocida como Terraza de los Limoneros".
Cabe destacar que Miguel G.J., en su declaración el pasado 4 de septiembre, y tal y como recoge un escrito del Juzgado, al que ha tenido acceso a Europa Press, rechazó responder a las preguntas de la parte demandante y al resto de cuestiones respondió que "no tiene ninguna participación en el negocio Río Grande" y que "no ha participado ni ha dado instrucción alguna" en los hechos que se denuncian.
