SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha garantizado este miércoles que la Junta está haciendo todo lo que está en su mano para recuperar el dinero defraudado en el caso de las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que el PP-A ha expresado sus dudas al respecto y le ha exigido que aclare cuánto se ha recuperado ya.
Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, Ávila ha querido dejar claro que rechaza y detesta cualquier forma de corrupción y a los que se enriquecen en el cargo público. Ha señalado que el Gobierno andaluz ha demostrado toda "la contundencia posible" en la denuncia y en la investigación de lo ocurrido, y está haciendo todo lo que está en sus manos para que los responsables paguen por lo ocurrido y se recupere el dinero de los fondos indebidamente utilizados.
Ávila ha exigido al PP-A que no mienta porque no todas las dotaciones del programa 31L, de ayudas sociolaborales, lo han sido para un uso fraudulento o para cometer irregularidades, ya que el fraude ha estado limitado. En cuanto a la recuperación del dinero indebidamente utilizado, ha recordado al PP-A que se ha iniciado un procedimiento, "con seguridad jurídica y con garantías para los ciudadanos", con lo que ha calificado de "falso e insultante" que el grupo popular diga que la Junta no está actuando para recuperar ese dinero
Ha puesto el acento en que toda la investigación surge como consecuencia de la denuncia formulada por la Junta en febrero de 2009 y ha indicado que la administración llevó a cabo un procedimiento de información interna que se puso en manos del juzgado con el objetivo del esclarecimiento de los hechos.
Según Ávila, el Gobierno andaluz ha colaborado desde el primer momento con la justicia y seguirá siendo implacable con todo aquel que se haya aprovechado de la confianza de los andaluces para cometer una ilegalidad.
Ha señalado además que no existe una administración como la andaluza que haya realizado un despliegue similar en su colaboración con la justicia para el esclarecimiento de los ocurrido. Ha recalcado que el Gobierno andaluz es el primer interesado en el esclarecimiento total del caso de los ERE, y ha abogado por desligar el instrumento de concesión de ayudas sociolaborales de una utilización "fraudulenta" porque son muchos los trabajadores que han encontrado una respuesta en estas ayudas.
Ha lamentado que el PP-A se empeñe en hablar de un gran escándalo y de "corrupción generalizada", cuando se trata de un pequeño porcentaje de casos en los que se ha producido una mala utilización de las ayudas. Ha advertido de que quienes ser empeñen en calificar de "fraudulentos todos y cada uno de los ERE no contribuyen al esclarecimiento de los hechos, sino que entorpecen su resolución".
Para Ávila, es el momento de la responsabilidad y de dejar que la justicia realice su labor, con seriedad y con respeto, para evitar "bochornosos espectáculos de juicios paralelos" o filtraciones interesadas, unas líneas rojas que no deberíamos superar porque en democracia no todo vale.
Ávila ha indicado que la comisión de investigación creada en el Parlamento ha servido para poner de manifiesto que no puede concluirse que todo el que tramitara, gestionara o participara en los actos relacionados con el programa 31L, de ayudas sociolaborales, sea responsable del mal uso que en determinados casos se hizo del mismo. Ha señalado que la causa de las desviaciones se encontró en un abuso de confianza impropia de servidores públicos y que la comisión de investigación situó esa máxima responsabilidad en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, imputado por la justicia.
PP-A INSISTE EN SITUAR A GRIÑÁN COMO RESPONSABLE
Por su parte, el diputado del PP-A Rafael Carmona ha reprochado al consejero que "de asumir responsabilidades públicos, nada", apuntando que la comisión de investigación del Parlamento se cerró "en falso porque PSOE e IU se negaron a que las conclusiones de la misma señalaran a los responsables políticos". Ha señalado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es el "responsable político por acción y por omisión".
"Tanto PSOE como IU son responsables del fracaso de esa investigación, que pretendía determinar las responsabilidades políticas, pero no fue posible", ha indicado Carmona, quien ha indicado que la exigencia de responsabilidades políticas fue cosa solo de su partido, porque el papel de IULV-CA fue de "mera comparsa" del PSOE.
"IULV-CA cambió el silencio por los sillones", según Carmona, para quien esa fuerza, en el caso de los ERE, tiene el "mismo destino" que el PSOE-A. Ha señalado que es una evidencia que se concedieron ayudas sin ningún tipo de procedimiento y que ello se había puesto de manifiesto en varias ocasiones por los informes de la Intervención General, sin que nadie, ningún miembro del Gobierno, "hiciera nada por evitarlo".
Rafael Carmona ha exigido a la Junta que aclare cuánto dinero se ha recuperado ya y ha recordado que son más de 1.200 millones el "montante global del fraude".
En su turno de réplica, Ávila ha considerado "indignante" que el diputado del PP-A diga las "barbaridades que dice" y le ha pedido que no venga a dar lecciones de ningún tipo, cuando en las comunidades donde gobierna no se abren comisiones de investigación sobre escándalos que afectan al Partido Popular.
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