Lamenta el interés por "dilatar el proceso" por parte de la empresa, que planteó por escrito inicialmente el cese de actividad en Huelva
SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía rechazó hoy el planteamiento formulado por los actuales propietarios de Astilleros de Sevilla y Huelva, a quienes pidió que continúen negociando y presenten un plan que "justifique su idea de continuidad" al margen de sus manifestaciones actuales dirigidas "exclusivamente a quitar su deuda y obtener financiación y ayudas públicas".
Según una primera valoración por escrito a la que tuvo acceso Europa Press, la administración regional aseguró que "no puede aceptar" los planteamientos de Astilleros y recuerda las reiteradas solicitudes realizadas a la compañía para que presente un plan que justifique su "idea de continuidad y siempre que se base en una financiación mayoritariamente privada que lo avale".
Así, advirtió de que, según las manifestaciones de los actuales gestores de la firma, Astilleros pretende "exclusivamente" que los acreedores de ambas sociedades realicen una "quita importante de las deudas actuales y que ambas sociedades obtengan financiación y ayudas públicas para su viabilidad futura".
Sin embargo, la Junta realizó un llamamiento para que la empresa no abandone la mesa de negociación y actúe en consonancia a la "gravedad" de la situación, "asumiendo su responsabilidad y dando al futuro de los trabajadores una oportunidad, que en estos momentos no existe, y que no admite demora". En este marco, dejó claro que continuará trabajando "intensamente" con sindicatos, entidades financieras y armadores para conseguir una "alternativa de futuro" tanto en Huelva como en Sevilla.
Recordó que la Junta presentó el 20 de octubre un documento que partía de la "realidad" de ambos astilleros ante la gestión de sus administradores, una realidad que se refleja en el "procedimiento preconcursal que atraviesan ambas sociedades de 'motu propio', dado que no pueden hacer frente a sus pagos, entre los que se encuentran la nómina de la plantilla de Astilleros de Huelva".
El Gobierno regional, "consciente de la destrucción de empleo que se podría ocasionar como consecuencia de la acción de la propia empresa", buscó nuevos inversores, con los que se encuentra en negociaciones "avanzadas", para redimensionar la actividad naval de Huelva y se establezcan empresas industriales, además de cambiar la gestión en Sevilla para asegurar su viabilidad y mantener el empleo.
Asimismo, advirtió de que fue la propia empresa la que planteó por escrito inicialmente el cese de la actividad naval en Huelva, como "elemento esencial"; mientras que el plan de la Junta plantea redimensionar su actividad, al menos durante diez años, a la construcción de barcos de tamaño inferior y "apropiados a las actuales instalaciones, así como la realización de labores de reparación y mantenimiento con un nuevo inversor dispuesto a liderar el nuevo proyecto naval".
SALIDA DEL EMPRESARIO
En este marco, se refirió a las afirmaciones realizadas por Astilleros en el documento enviado ayer a las 18,55 horas a la sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, matizando que la posible ampliación de capital supone un punto ya planteado en las negociaciones y condicionado por los armadores, entidades financieras e inversores a la "salida de los actuales propietarios".
Igualmente, apunta a premisas planteadas por la empresa tendentes a "dilatar el proceso", como es la necesidad de obtener una autorización por parte de sus juntas generales de accionistas, la designación de diferentes entidades para la valoración de activos y la resolución de los acuerdos si la empresa acredita una "alternativa razonable, tras meses solicitando a la empresa un plan con inversiones privadas".
El Gobierno regional añadió que otros planteamientos realizados por la empresa en el escrito entregado ayer ya están contemplados en la mesa de negociación, como la coordinación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la creación de una comisión mixta, o la intervención en la hoja de ruta de los sindicatos, que "vienen reclamando por su parte que la empresa acepte el plan planteado por la Junta".
Por último, recordó que la empresa propone no incluir en el expositivo del documento la información relativa a la gravedad financiera de las compañías, información facilitada por los propios miembros de sus consejos de administración y "motivo ineludible del conflicto desde el que se debe de partir para afrontar los correspondientes compromisos y responsabilidades".
