SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia e Interior de la Junta en funciones, Emilio de Llera, ha asegurado este martes que la retirada de la reforma de los registros civiles para dejar este servicio en manos de los registradores de la propiedad revela "un nuevo fracaso" en las políticas del Gobierno en materia de justicia y ha pedido garantizar el carácter público y gratuito de este servicio.
En declaraciones a Europa Press, De Llera ha considerado que "estamos ante una nueva rectificación, como ya ocurrió con las tasas judiciales, que pone de relieve con claridad las erráticas políticas de justicia impulsadas por el Gobierno del PP y que el nuevo ministro ha tenido que ir desmontando por el unánime rechazo por parte todos los sectores jurídicos, profesionales y políticos".
A su juicio, "estamos en el final de una legislatura perdida para haber avanzado de verdad en la mejora de la justicia", añadiendo que "esta marcha atrás en la reforma de los registros civiles es una nueva rectificación a la desesperada para intentar maquillar una nefasta gestión en justicia con unos fines puramente electoralistas".
"OPERACIÓN DE PRIVATIZACIÓN CUBIERTA"
El consejero ha rechazado "el afán privatizador" de los registros civiles que estaba detrás del proyecto de reforma del Ministerio de Justicia para dejar su prestación en manos de los registradores de la propiedad y ha abogado por "blindar" su carácter público y gratuito para garantizar la igualdad en su acceso y la calidad en su prestación.
En su opinión, la iniciativa del Ministerio de transferir la gestión de este servicio a los registradores de la propiedad "es una operación de privatización encubierta que supondría alejarlo de la ciudadanía, especialmente para aquellos que residen en los pueblos donde no existen estos registros y sólo se presta a través de los juzgados de paz, lo que rompería el principio de igualdad en el acceso a un servicio esencial".
Por último, De Llera ha lamentado que el Gobierno del PP "se haya limitado a impulsar reformas totalmente ideológicas, como la ley del aborto, en lugar de haber desarrollado las reformas estructurales y legislativas que necesita urgentemente la justicia", como son, por ejemplo, "la creación de los tribunales de instancia o una nueva ley de enjuciamiento criminal".
