Los nuevos equipos, integrados por profesionales del Derecho y la Informática, trabajarán en Granada, Málaga y Sevilla
SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Justicia y Administración Pública ha suscrito un convenio de colaboración con las universidades de Granada, Málaga y Sevilla para la constitución de tres gabinetes técnicos que, a partir de finales de octubre, agilicen el trabajo de las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Los grupos de expertos, integrados cada uno por ocho profesionales del mundo del Derecho y la Informática, desarrollarán trabajos de carácter científico que servirán de soporte documental y técnico a los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso-Administrativo para reducir la pendencia existente.
La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, ha señalado al respecto y en un comunicado que los gabinetes técnicos son un instrumento al servicio del TSJA para terminar con la saturación que soportan las salas de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz. "Nuestra comunidad es la primera que usa este recurso que ya existe en el Tribunal Supremo y que ha demostrado su eficacia", ha explicado Álvarez.
La elevada pendencia detectada en los órganos judiciales ha llevado a la Consejería de Justicia a fomentar proyectos de investigación para la realización de trabajos por parte de grupos de investigación que propongan y ejecuten medidas innovadoras tendentes a reducir la saturación.
Para ello, la Consejería ha ofertado tres ayudas de formación e investigación de 144.000 euros cada una y han resultado seleccionados equipos de profesionales pertenecientes a las universidades de Granada, Sevilla y Málaga, cuyos proyectos serán capaces de generar una transferencia de resultados desde las instituciones académicas a la Administración de Justicia para obtener una mejor gestión de la Oficina Judicial, lo que incidirá notablemente en el trabajo diario de las salas de lo Contencioso.
Esta nueva medida de apoyo a los órganos del Poder Judicial, que tiene un plazo de ejecución de un año, está destinada a acortar los tiempos de respuesta para garantizar la seguridad jurídica de todos los andaluces y andaluzas.
