SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha celebrado este lunes que la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés (IULV-CA), siga aplicando los artículos de la Ley de la Función Social de la Vivienda que no han sido recurridos por el Gobierno central y, por tanto, sancione a los bancos que no ofrecen sus viviendas de protección oficial (VPO) a los registros de demandantes.
Así se ha pronunciado Maíllo en rueda de prensa, después de conocerse que Fomento y Vivienda ha sancionado con 5,82 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 al Banco Sabadell por incumplimiento de la función social de sus viviendas en Andalucía, toda vez que ambas entidades "han incumplido la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes".
Para el dirigente de izquierdas, la Junta está lanzando un "mensaje muy claro" y que no es otro que "quien incumple la ley tiene que asumir las sanciones". "Estas entidades bancarias no pueden tener el número de viviendas que tiene sin utilizarlas para el servicio social", ha añadido.
En su opinión, esta multa será "determinante" para que se cumpla la ley y para que los aspectos que están en vigor en la ley, los no recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, sigan "con total normalidad".
