Las penas posibles incluyen hasta la "retirada definitiva" de la licencia y los afectados advierten de la "nulidad" de los actos
SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla ha formulado ya sus alegaciones contra los nuevos expedientes sancionadores notificados por el Ayuntamiento hispalense a cuenta de los cierres patronales protagonizados por el colectivo los días 12 y 28 de noviembre de 2009, cuando los mayoristas de este género no abrieron sus puestos para presionar a la sociedad mixta, participada por el Consistorio y Mercasa, a renegociar los cánones "abusivos" que gravan su actividad.
El abogado de este colectivo de empresarios, José Ramón Rodríguez Fajó, informó a Europa Press de que el pasado viernes, formalizó las correspondientes alegaciones a los 15 nuevos acuerdos de inicio de expediente sancionador, que siguen a los 21 ya notificados el pasado mes de enero y también objeto de alegaciones. Los acuerdos de inicio de expediente sancionador parten del área de Salud y Consumo --adscrita a la Concejalía de Bienestar Social--, pero son rubricados por el primer teniente de alcalde y titular del macro área de Socio-Economía, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA).
El colectivo de empresarios, según su abogado, aún espera la resolución de las alegaciones formuladas contra los 21 expedientes sancionadores notificados el pasado mes de enero.
Los expedientes responden a la petición del director general de Mercasevilla, Jordi Maymó, y aluden concretamente a los cierres patronales de los días 12 y 28 de noviembre de 2009. Al respecto, cabe recordar que tales expedientes contemplan penas como la prohibición de acceso a las instalaciones con fines mercantiles de entre 30 y 90 días, la retirada de la licencia durante un periodo que oscila entre los tres y los seis meses e incluso la retirada definitiva de la licencia.
LAS ALEGACIONES
Las alegaciones elevadas al Ayuntamiento por los empresarios afectados por estos expedientes sancionadores, no obstante, advertían de la "nulidad de pleno derecho" de estos actos administrativos, ya que aunque en los acuerdos de inicio de expediente sancionador figura el membrete del área de Salud y Consumo, la notificación se consuma en nombre de Antonio Rodrigo Torrijos, quien a juicio de los mayoristas de pescado "es manifiestamente incompetente" para hacerse cargo de este procedimiento.
Las alegaciones, además, recuerdan que pese a los paros patronales, el mercado de la ciudad no sufrió "desabastecimiento", extremo defendido con declaraciones públicas del consejero apoderado de Mercasevilla, Alfonso Mir (PSOE) y de los minoristas de pescado ante los medios de comunicación.
Entre estos cánones cuya negociación se reclama, como se recordará, figuran un canon del 2,05 por ciento en concepto de "facturación y cobro" del total de ventas y otro gravamen del 1,57 por ciento por "transporte, manipulación y colocación del pescado", cánones que, según los mayoristas de pescado, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución incluso ratificada por la Audiencia Nacional.
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