SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto-Ley para la adaptación de 16 leyes de la comunidad autónoma a la Directiva europea de servicios en el mercado interior (que está dirigida fundamentalmente a eliminar barreras legales y administrativas que limitan el desarrollo de dichas actividades), lo que conllevará la simplificación de procedimientos que afectan a la actividad económica de la comunidad.
El consejero de Presidencia, Antonio Ávila, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que dicha directiva europea fija como plazo máximo para su transposición el próximo 28 de diciembre, lo que justifica la utilización de la vía del Decreto-Ley atendiendo a las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" establecidas en el Estatuto de Autonomía.
Ávila señaló que, de esta manera, se garantiza la seguridad jurídica del proceso y puso de manifiesto la predisposición del Gobierno a tramitar posteriormente como ley en el Parlamento el decreto-ley aprobado.
Las modificaciones se dirigen básicamente a simplificar trámites y procedimientos para la adecuación al objetivo europeo de consolidar un mercado libre de circulación transfronteriza de servicios y ofrecer a los consumidores mayor transparencia, más posibilidades de elección y unos precios más bajos sin perder el nivel de calidad. En líneas generales, estos cambios suponen la sustitución de la autorización administrativa previa por declaraciones responsables o comunicaciones, la supresión de determinados requisitos y la garantía de libre acceso para prestadores de servicios ya establecidos en cualquier Estado de la Unión Europea, según el titular de Presidencia.
Las 16 leyes que se modifican se distribuyen entre los ámbitos del comercio y turismo (4); medio ambiente y energía (6); cultura (2); transportes (1); juego y apuestas (1); salud (1), y hacienda (el Decreto Legislativo 1/2009 en materia de tributos cedidos). Los cambios más significativos se centran en tres de las leyes reguladoras del sector comercial, que en Andalucía representa el 12% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 181.000 establecimientos (pymes en un 98,8%) y concentra el 16% del total del empleo andaluz en el sector, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino, según explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso.
En el caso de la Ley 1/1996 del Comercio Interior de Andalucía, la planificación ligada a la autorización previa de las grandes superficies comerciales dejará de estar fundamentada en la medición de la oferta y la demanda de una zona y pasará a regirse por criterios territoriales, urbanísticos y medioambientales. La transposición de la Directiva europea implicará también la delegación a favor de los ayuntamientos de las actuales licencias autonómicas para grandes superficies superiores a 2.500 metros cuadrados, además de la agilización de los procedimientos administrativos.
Respecto a la Ley 3/1992 de Ferias Comerciales Oficiales, desaparece la autorización previa para la celebración de eventos de este tipo y la exclusividad de las instituciones feriales oficiales (Ifeca en Cádiz, Ifeco en Córdoba y Fibes en Sevilla) como organizadoras en sus respectivas provincias. Además, se suprime el requisito de aprobación por parte de la Junta de los estatutos de las instituciones feriales, así como la participación de las administraciones en sus órganos de gobierno.
Por su parte, la modificación de la Ley 9/1988 del Comercio Ambulante recogerá como principal novedad la desaparición de la obligatoriedad de la inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes como requisito previo al ejercicio de la actividad, para el cual bastará una autorización municipal.
Por su parte, la Ley 12/1999 del Turismo incorpora como principal medida la sustitución de la autorización para el inicio de la actividad turística por una declaración responsable del interesado ante la Administración autonómica que permita una posterior actuación inspectora. Así, la calidad de las prestaciones se garantizará no a través de autorizaciones previas, sino de inspecciones.
LEY DE MUSEOS
Este mismo cambio se introduce en la Ley 8/2007 de Museos y Colecciones Museográficas para la autorización de disolución y para la notificación y aprobación de la salida de fondos; en la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía en lo referente a la instalación, fuera de dominio público, de rótulos de establecimientos mercantiles o industriales, y en la ley 2/2007 de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía en relación con el control administrativo de los organismos colaboradores.
Otro bloque de modificaciones se dirige a suprimir requisitos considerados innecesarios o discriminatorios por la normativa europea. Estos son los casos de la Ley 22/2007 de Farmacia, que cambiará el artículo que disponía el número mínimo de farmacéuticos adicionales en los almacenes mayoristas de distribución de medicamentos; la Ley 2/1986 del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma, en relación con la autorización para la modalidad de juego de combinaciones aleatorias, y el Decreto Legislativo 1/2009 de tributos cedidos en lo relativo al sistema de autoliquidación de tasas.
Otro requisito, en este caso discriminatorio por razón de nacionalidad, se eliminará en la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía para que las universidades y otras instituciones científicas europeas puedan presentar solicitudes de prospecciones arqueológicas en la comunidad autónoma. Con el mismo fin se introducirán cambios en las leyes 2/1992 Forestal de Andalucía y 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres.
Finalmente, tanto en estas dos últimas normas como en las leyes 2/1989 del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y 8/1999 de Régimen Jurídico del Espacio Natural de Doñana, el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Gobierno también incorpora diversas modifica-ciones relacionadas con la tipificación de infracciones. Además de estas 16 leyes, la transposición de la Directiva europea conllevará también en Andalucía modificaciones de 92 decretos y 27 órdenes de la Administración autonómica.
