Montaño alega que el despido de Ponce constituiría un "problema legal" si no media "sentencia firme"

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de PSOE e IU-CA en el Ayuntamiento hispalense, Maribel Montaño, advirtió hoy de que el despido del ex director adjunto de Mercasevilla Daniel Ponce, --imputado por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo La Raza--, constituiría "un problema legal" en el caso de no mediar "sentencia firme" acerca de los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número seis, si bien aclaró que a día de hoy, sus funciones son "irrelevantes", después de que el PP denunciase públicamente que cobra 5.488,56 euros al mes.

En rueda de prensa, Maribel Montaño recordó que Daniel Ponce "fue destituido de sus funciones", después de que la Consejería de Empleo elevase a la Fiscalía una grabación en la que el ya ex director de Mercasevilla Fernando Mellet y él protagonizaban un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hostelero La Raza.

Después de que el portavoz adjunto del PP Beltrán Pérez advirtiera hoy de que Ponce sigue figurando como empleado de Mercasevilla, participada por Mercasa y el Ayuntamiento, y goza de una nómina de 5.488,56 euros mensuales pese a los hechos que se le imputan, Montaño rememoró que la última comisión ejecutiva de Mercasevilla acordó la apertura de un expediente disciplinario contra Ponce para analizar sus posibles responsabilidades. Ese expediente, "no ha concluido" aún, dijo la portavoz del Gobierno municipal sobre el papel de Ponce en esta sociedad pública.

Daniel Ponce, según aclaró Montaño, es considerado como "personal laboral" en el organigrama de Mercasevilla pese a su sueldo y asume "funciones absolutamente irrelevantes" en la actividad de esta sociedad pública, sometida recientemente a una auditoría externa que reveló numerosas irregularidades por parte de la directiva.

EL "PROBLEMA LEGAL" DEL DESPIDO

Ante el hecho de que Ponce afronta una prejubilación de la que gozaría de aproximadamente 5.000 euros al mes gracias al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en 2007, bajo su propia negociación en calidad de directivo de Mercasevilla, Montaño advirtió de que la consumación de un despido "sin sentencia firme" podría acarrear un "problema legal" para Mercasevilla. En ese sentido, se remitió a los resultados de la investigación judicial y el expediente disciplinario.

En cuanto a la denuncia pública de Pérez sobre un supuesto "bloqueo" informativo por lo que a la documentación de Mercasevilla se refiere, Montaño aseguró que el PP dispondrá de "todos los datos" reclamados "por la vía reglamentaria", negando así la "ocultación" criticada por el PP.

Sobre la contratación del militante socialista Ernesto Castaño por parte de la constructora Sando, adjudicataria de los suelos de Mercasevilla en una operación investigada en las citadas diligencias judiciales, Montaño consideró "hipócritas" las críticas, asegurando que el PP también incurre en esta práctica y haciendo alusión a casos como la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia.