SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
IULV-CA ha presentado una proposición no de Ley para su debate ante el Pleno del Parlamento en la que demanda a la Junta que presente, en el plazo de seis meses, un protocolo de actuaciones, negociado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para dar "más eficacia" a las acciones encaminadas a la resolución de situaciones financieras graves de los ayuntamientos, así como para prever los mecanismos de financiación extraordinaria de largo plazo para los consistorios en esas situaciones.
En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que tuvo acceso Europa press, Izquierda Unida señala que por todos es conocida "la situación financiera estructuralmente deficitaria de los ayuntamientos", ya que los mecanismos de aportación normales (tasas y precios municipales, tributos propios, o aportaciones de la PIE y de la comunidad autónoma) "no consiguen evitar el permanente endeudamiento".
"Cada vez es mayor la presión financiera que padecen los ayuntamientos derivada de la asunción de competencias que son de la Junta de Andalucía, especialmente en materia de sanidad (gastos de mantenimiento y limpieza de los centros desalud); de educación, o de servicios sociales", señala IU.
Asimismo, considera que los mecanismos que prevé la Consejería de Economía y Hacienda para casos de endeudamiento "grave" de los ayuntamientos "no satisfacen las necesidades en determinados casos", toda vez que los decretos de la Junta destinan recursos "muy limitados que se distribuyen un año para consistorios comprendidos entre unos tramos poblacionales y otro año para otros tramos"
Para Izquierda Unida, el recurso a "la venta de patrimonio propio no es factible en aquellos municipios que carecen del mismo, y el recurso a la concesión de licencias urbanísticas genera una ordenación del territorio insostenible y fomenta la especulación, la corrupción y otras lacras por desgracia excesivamente frecuentes".
Explica además que hay situaciones de endeudamiento cuya solución "excede todas las disposiciones legales y de gestión política previstas, incluso las de carácter extraordinario", como áquellas en las que se produce una "incapacidad financiera del pago de los gastos corrientes por parte del ayuntamiento y, a su vez, habiendo acudido los acreedores a la autoridad judicial, ésta ha sentenciado el embargo de los bienes y recursos financieros del municipio, de tal forma que se imposibilita la acción municipal".
