SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley presentada por el PSOE-A, que ha contado con la abstención del PP-A y el voto a favor de IULV-CA, por la que la Cámara insta a la Junta a reclamar al Gobierno que impulse las modificaciones legislativas precisas para que se mantenga el derecho a percibir la ayuda de subsidiación para Vivienda de Protección Oficial (VPO) y Vivienda de Protección Pública (VPP) en todos aquellos préstamos suscritos con anterioridad a la aprobación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2013, y para que ese derecho se extienda durante toda la vida de dicho préstamo.
Asimismo, en virtud de la iniciativa, la Cámara demanda que la Junta inste al Gobierno a elaborar, a través del Ministerio de Fomento, una interpretación del artículo 35 del RDL 20/2012 y lo comunique a las comunidades autónomas, que permita la revisión de oficio de las resoluciones que hubieran denegado las resoluciones de subsidiación para una vivienda de protección oficial y para una vivienda de protección pública antes de la entrada de la ley 4/2013.
En defensa de la iniciativa, el diputado Enrique Benítez ha explicado que estas normativas, "tomadas sin previo aviso" afectan a más de 250.000 familias en toda España, de las que aproximadamente 50.000 residen en Andalucía. En su opinión, se trata de otra "vuelta de tuerca" del Gobierno de hacer pagar la crisis a los más vulnerables, mientras se conceden ayudas multimillonarias a la banca y al sector financiero en su conjunto, la última una compensación de créditos fiscales por importe de 30.000 millones.
Tras recordar que diversos parlamentarios socialistas han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la "vulneración de derechos" que suponía la introducción de dicha Disposición Adicional, el diputado socialista ha indicado que los titulares de los préstamos hipotecarios afectados por este recorte de derechos accedieron a ellos acreditando unos ingresos que ya eran escasos antes del estallido de la burbuja hipotecaria, "lo que puede llevar a situaciones de impago y abocarles a un posible desahucio".
Por su parte, la diputada 'popular' Ana Vanessa García, que ha criticado que PSOE-A e IU "demonicen a los bancos pero todos los días y todas las noches los financien", ha asegurado que es "absolutamente falsa la defensa de los desahuciados" que los miembros del "bipartito" intentar hacer ver a la opinión pública, entre otras cosas, porque "desde 2007 llevan votando en contra" de una iniciativa del PP-A para crear un fondo de ayuda a los hipotecados.
En esa línea, y tras defender "la coherencia y responsabilidad de las medidas" en favor de los desahuciados del Gobierno de Rajoy, ha criticado que PSOE-A e IULV-CA "prefieran pedirle a los demás en lugar de gobernar en lo que tienen competencias".
"Cumplan con el Estatuto, cumplan con los planes de vivienda, cumplan con los promotores, inquilinos, técnicos y constructores y páguenles, que les deben mucho", ha añadido no sin hacer hincapié en que el "primero en recortar" a los hipotecados fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el que quitó "de la noche a la mañana" la ayuda a la primera vivienda.
Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha recordado que pese a que en los últimos tiempos hayan podido bajar los tipos de interés de las hipotecas, lo cierto es que "cientos de miles de personas han perdido el empleo, los salarios son menores y las condiciones de vida son cada vez más difíciles", por lo que esta bajada "no significa en modo alguno que los trabajadores puedan hacer frente a sus hipotecas" sin dejarse la vida en ello.
Es por eso, según ha argumentado, y porque las medidas del Gobierno de la Nación "no están surtiendo el efecto deseado", por lo que IULV-CA apoya esta proposición no de ley y busca implementar otras nuevas propuestas "para que las familias no se vean en la calle" y tener una vivienda en propiedad no sea una "condena de vida".
"Parece razonable que en un futuro las iniciativas que se planifiquen estén dirigidas al fomento del alquiler y a que la adquisición de una vivienda no sea un producto con el que unos pocos mercadeen y se lucren", ha añadido para defender el derecho humano a la vivienda.
