Afirma que al celebrarse en diciembre "no tendría ninguna consecuencia sobre la ciudad o la plantilla municipal"
SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha solicitado la ejecución provisional de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba los acuerdos plenarios de los presupuestos de Sevilla para 2016 como "nulos", ya que en aquel pleno, según insiste la formación, la presidenta del citado órgano municipal, Carmen Castreño, "vulneró derechos fundamentales".
"El pleno de presupuestos de 2016 se debería repetir antes de que finalice el año para que el fallo de la sentencia sea efectivo", ha declarado el edil de Participa Sevilla Julián Moreno, que indica a través de un comunicado que el gobierno de Juan Espadas "sólo pretende ganar tiempo y que la sentencia no se pueda ejecutar en la práctica, al cambiar el año presupuestario".
El también diputado provincial de Participa señala los motivos por lo que esta formación ha decidido exigir la ejecución provisional, "como medida cautelar que asegure su efectividad, de la sentencia y que no se tenga que esperar a la decisión sobre el Tribunal Supremo para que esta se lleve a cabo".
Tras conocer la sentencia en septiembre, explica que el Ayuntamiento de Sevilla "apuró al máximo" el tiempo que disponía para interponer el recurso por el que se declaraban nulos los acuerdos plenarios en los que se debatieron y aprobaron los presupuestos de 2016. "De esta forma, el pleno de presupuestos de 2016 se debería repetir antes de que acabe el año y no esperar el lento proceso en que este asunto se resolverá en el Supremo", según Moreno.
Así, detalla que Participa ha recurrido esta sentencia de acuerdo al amparo de las previsiones del artículo 121.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. "No solo quieren ganar tiempo apurando al máximo los plazos, sino que con su decisión de recurrir al Supremo no pueden tener otro objetivo que ese", incide.
Advierte de que con este recurso de casación el máximo tribunal "solo tiene que comprobar si la sentencia que condenó al Ayuntamiento de Sevilla es similar a otras sentencias que han abordado situaciones similares", ya que ha vuelto a recordar que "todas las sentencias existentes son iguales". Moreno señala que en aquel pleno se "impidió" la presentación de enmiendas y el ejercicio de la función pública del grupo municipal de Participa Sevilla.
La reclamación judicial de Participa estaba argumentada en el incumplimiento del artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el ejercicio del cargo público, además de la vulneración del artículo 168.4 de la Ley de Haciendas Locales, que permite la presentación de enmiendas presupuestarias.
"Somos conscientes de que esta petición simplemente serviría para que este gobierno asuma que debe respetar al máximo los derechos de la ciudadanía y que no vamos a permitir que nadie los viole", ha insistido Moreno, que ha vuelto a lanzar un "mensaje tranquilizador" sobre los efectos que tendría esta decisión sobre la ciudad, ya que "al celebrarse en diciembre no tendría ninguna consecuencia sobre la ciudad o la plantilla del Ayuntamiento".
Desde Participa Sevilla, también se critica el "importante" gasto para las arcas públicas, ya que las tasas judiciales para acudir a este tipo de procesos son "bastante altas, que supone la suma de errores y la cabezonería que muestra en todo este proceso el Gobierno de Espadas". "¿Por qué no asumen de una vez que se equivocaron?", se ha preguntado Moreno, que ha vuelto a exigir responsabilidades políticas en todo este proceso.
"Espadas se está comportando de una forma totalmente antidemocrática al no asumir ni siquiera el acuerdo plenario por el que se reprobaba y se exigía el cese de Carmen Castreño, presidenta del pleno y máxima responsable de la vulneración de derechos en el pleno de presupuestos de 2016", ha añadido Moreno, que también ha hecho público que, "cuando el Supremo ratifique la condena al Ayuntamiento, las responsabilidades políticas ya no recaerían únicamente en la presidenta del Pleno".
Por último, Moreno ha explicado que no solo la sentencia del TSJA ha "confirmado la vulneración de derechos fundamentales que realizó Carmen Castreño en el pleno de presupuestos, sino que el propio 'modus operandi' del gobierno para aprobar las ordenanzas y el previsto para los presupuestos de 2017 es muy diferente y más garantista que el de 2016". "Ellos mismos saben que se equivocaron, con sus actos también nos dan la razón y confirman la sentencia del TSJA. Al menos, no están dispuestos a repetir los mismos errores que el año pasado, algo es algo", ha concluido.
