El partido llevará una moción a todos los ayuntamientos andaluces exigiendo financiación para poder ejecutar planes de vivienda
SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, Alicia Martínez, ha criticado este domingo que la Junta de Andalucía haya financiado solo el 23 por ciento de las viviendas previstas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para los tres últimos años, es decir, solo se han financiado 15.716 viviendas en Andalucía de las 68.000 que estaban previstas para este periodo.
En rueda de prensa, Martínez ha señalado que la Administración andaluza ha actuado de manera "unilateral" al haber previsto en un principio la construcción de 132.800 nuevas viviendas protegidas en venta o alquiler contempladas en dicho plan --2008-2012--, construcciones estas que calculó como "necesarias", y haber "rebajado" esta cifra considerando que la cantidad prevista estaba "sobrevalorada", situándose esta cantidad en "60.000 viviendas", según ha señalado la popular.
Martínez ha hecho hincapié en este hecho cuando "alrededor del 70 por ciento de la población se encuentra bajo la cobertura del registro demandante de la vivienda". Además, la popular se ha referido a que la Junta "ha roto el Pacto por la Vivienda, el Plan concertado de Vivienda, así como la ley del derecho a la vivienda".
Por todo ello, los populares van a llevar una moción a todos los ayuntamientos andaluces para reclamar la "financiación para ejecutar los planes municipales de la vivienda", ya que el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, "ha consolidado este recorte en los presupuestos de la Junta para 2011".
Del mismo modo, Martínez ha reclamado que se cumpla en plan de vivienda para así "cumplir la ley del derecho a la vivienda", una ley "hueca", según la popular, por la que la Administración andaluza "se cuelga la medalla actuando con demagogia". Y es que, los ayuntamientos "tienen la competencia para poner a disposición de la población las viviendas, teniendo que llevar a cabo un registro, pero la Junta tiene que financiar a los Consistorios". Además, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) "tiene un convenio para que el Ejecutivo andaluz transfiera financiación para poner en marcha esto".
Es el caso de la capital malagueña, donde el Ayuntamiento "tuvo que invertir 300.000 euros para abrir el registro de demandantes de vivienda", cuando "la financiación máxima que concede la Junta es de 30.000 euros", con lo que es "imposible hacer planes de vivienda para que lleguen a los ciudadanos".
