SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El que fuera presidente de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Ignacio García (IULV-CA), no cree que el Parlamento andaluz vaya a poner ningún tipo de problema para enviar a la juez Mercedes Alaya la ponencia síntesis que él elaboró como presidente de dicha comisión.
Así se ha pronunciado García, en declaraciones a Europa Press, después de que la juez Alaya haya requerido a la Cámara andaluza que le remita la citada ponencia síntesis, aceptando así la propuesta realizada por el exdirector general de Trabajo Daniel Rivera, imputado en la causa, quien también pedía sin éxito que Ignacio García fuera llamado a declarar como testigo.
La ponencia "síntesis" elaborada por el presidente de la comisión de investigación a partir de las "aportaciones coincidentes" de los tres grupos de la Cámara en sus propuestas de dictamen, que no fue aprobada por falta de acuerdo entre los partidos, situó la "responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud" en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, en línea con las conclusiones de IULV-CA.
García ha recordado que la documentación relativa a la documentación de investigación de los ERE es "pública" y cualquier ciudadano puede acceder a ella a través de la web del Parlamento. Además, según ha destacado, la Cámara andaluza también publicó un tomo "bastante voluminoso" sobre los trabajos de dicha comisión.
"Es lógico que la magistrada pida una copia autentificada y para eso se habrá dirigido al Parlamento andaluz, que no creo que tenga ningún problema para enviarle dicha documentación", ha aseverado el presidente de la comisión de los ERE, quien se ha mostrado convencido de que Alaya habría pedido el dictamen, de haberse aprobado.
En lo que se refiere a la petición que Daniel Rivera formuló para que declarara como testigo ante la justicia y que finalmente no ha sido aceptada, García ha dicho que no sabe qué podría haber aportado él "más allá de lo que fueron los trabajos de la comisión, que son públicos".
En el auto dictado, la magistrada rechaza tomar declaración como testigo al presidente de la comisión de los ERE, argumentando que "que no se identifica por la parte proponente de quién se trata ni qué funciones realizaba".
