Sevilla.- Las familias chabolistas que reclaman una VPO cumplen una semana de encierro en la Catedral de Sevilla

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las familias de etnia gitana procedentes del asentamiento chabolista de El Vacie que se instalaron en la Plaza Nueva de Sevilla capital para reclamar una vivienda protegida al Ayuntamiento hispalense han cumplido hoy una semana del encierro que desde el pasado 17 de marzo protagonizan en la Catedral de Sevilla, donde el Arzobispado permite su estancia.

Fuentes del Arzobispado de Sevilla informaron a Europa Press de que a día de hoy las familias de El Vacie que se introdujeron en la Catedral aprovechando un acto de solidaridad organizado por la Vícaría Sevilla Ciudad II, permanecen alojadas en el templo catedralicio, pues el Arzobispado ya había anunciado que no impondría un límite de estancia a los chabolistas.

Se cumple así una semana desde que este grupo de personas de etnia gitana, que ya protagonizaron actos de protesta en la Plaza Nueva reclamando al Ayuntamiento la adjudicación de viviendas protegidas, iniciase su encierro en la Catedral para seguir solicitando acceso a viviendas protegidas y denunciar la situación que atraviesan desde que fueran demolidas las chabolas que ocupaban en el asentamiento de El Vacie.

Los ocho protagonistas del encierro se instalaron en la zona anexa a la Puerta de San Miguel, donde han acotaron con vallas un espacio en el que han situado sus enseres, sillas y mantas, y donde reciben durante el día las visitas de sus familiares. Además, estas familias de etnia gitana reciben "atención social" por parte de personas que voluntariamente se acercan a la Catedral y les facilitan alimentos y ropa.

La portavoz de los chabolistas, Matilde Alvarez, ya elevó un escrito de protesta en el que alegó que "una ciudadana de Sevilla con más de 30 años de trabajo de mediación social a sus espaldas no se merece esto". Por otro lado, la delegación municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla indicó al respecto que varias de las personas pertenecientes a estas siete familias renunciaron a ser incluidos en los listados de viviendas de segunda adjudicación.