Sevilla.-Tribunales.-Suspenden el juicio contra tres empresarios por beneficiarse indebidamente de subvenciones europeas

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla se ha visto en la obligación de suspender dos veces en dos días un juicio contra tres empresarios agrícolas, concretamente productores de naranja, acusados de beneficiarse indebidamente de ayudas y subvenciones a la producción otorgadas por la Unión Europea, que ya había sido aplazado con anterioridad.

Fuentes judiciales indicaron a Europa Press que el motivo de la suspensión de hoy se debió a la imposibilidad de comenzar la vista oral sin solicitar determinadas pruebas, derivadas de las calificaciones iniciales llevadas a cabo por todas las partes implicadas. La de ayer lunes, por otro lado, se debió a la incomparecencia de uno de los letrados para asistir al juicio, al encontrarse en Madrid.

El juicio ya fue aplazado en octubre del año 2005 por la concordancia de fechas de uno de los abogados implicados en el proceso, al que le coincidían dos juicios para ese mismo día y hora. La normativa contempla que en este tipo de casos se da preponderancia al que estuviera señalado con anterioridad, por lo que la celebración de este juicio fue supeditada a la conclusión del otro proceso, que tenía lugar en Madrid.

El presunto fraude a la hacienda pública --la Junta de Andalucía ejerce la acusación particular en el caso-- se basa en un mecanismo por el que una persona 'compinchada' afirma tener unos terrenos desde los que se han trasladado las naranjas a una cooperativa de la que formaría parte el grupo de productores, que certifica la producción para favorecer el derecho a la subvención de dichas naranjas 'ficticias'.

La premisa para obtener la subvención es que los frutos tienen que ser de producción, de mesa, por lo que se habría cometido un delito. Los productores agrupados en asociación son los que tienen que pedir las citadas ayudas, de las que se habrían beneficiado en la campaña 97-98.

El Ministerio Público pide a los acusados una cantidad de 1,7 millones de euros de multa, cantidad proporcional a la defraudada a la Junta de Andalucía, así como la privación de gozar de beneficios fiscales por un período de tres años.