SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de Jueces por la Democracia, José Manuel Valerdo, señaló hoy que el auto del 30 de diciembre dictado por la Audiencia de Sevilla que estable la indemnización por parte de la Junta de Andalucía de un total de 1.400.000 euros en el caso de Iván y Sara, "crea un efecto llamada en muchas personas que durante estos años se han podido sentir perjudicadas por actuaciones de la Junta en materia de protección de menores".
En declaraciones a Europa Press, Valerdo manifestó que, a su juicio, "éste es el inicio inevitable de numerosas reclamaciones, fruto del precedente que se ha sentado con esta sentencia judicial" en referencia a la petición de la trabajadora de Lipassam Carmen Espejo, de reclamar una cantidad "muy importante" de dinero a la Junta; después de que el gobierno autonómico le retirase la custodia de sus dos hijas, de cuatro y cinco años, alegando una minusvalía psíquica que la incapacitaba para su crianza.
Asimismo, indicó que no le cabe duda de que, "en los últimos años, han sido muchos los supuestos de intervención de la Junta en protección de menores realmente problemáticos y muy cuestionados".
En este sentido, aseguró que, en numerosas ocasiones, desde Jueces por la Democracia se han mostrado críticos con los criterios que se han venido utilizando desde la Junta en estos temas de protección, dado que a su juicio, "se han adoptado resoluciones que son irreversibles frente a situaciones de padres biológicos que sí son reversibles".
De este modo, Valerdo consideró que la mayoría de los perjudicados por sentencias judiciales "antes de este precedente no asociaban ese perjuicio con reclamaciones económicas, por lo que ahora, que tienen conocimiento de ello, se abre la vía para este tipo de reclamaciones, aunque esto no quiere decir que todas se reconozcan".
Por otro lado, el coordinador de Jueces por la Democracia destacó que la decisión de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de recurrir al Tribunal Supremo la sentencia en el caso de Iván y Sara "es una posibilidad legal que tienen todos los que no estén de acuerdo con las resoluciones que se dictan y más aún cuando está siendo cuestionado públicamente el criterio de la resolución".
