Vox Sevilla avisa que prevé llegar "hasta el final" como acusación en el caso de la moneda 'Ossetana' de San Juan

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha manifestado este lunes que prevé "llegar hasta el final" como acusación popular, condición que también ostenta el PP, en la causa que indaga el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla por presuntos delitos de prevaricación y de malversación con relación al convenio firmado por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, para que dicha entidad se encargase de la gestión de la moneda social 'Ossetana'.

Ello, en un marco en el que para la semana pasada, dicha instancia judicial había citado como testigos a cuatro funcionarios habilitados nacionales, dos técnicos municipales y tres comerciantes; si bien del primer cupo de testigos sólo compareció uno, porque los tres restantes ya no trabajan en el Ayuntamiento de San Juan y han de ser citados de nuevo con notificaciones a sus actuales direcciones.

"Era la ONG Asamblea por la Paz quien pagaba a los comerciantes; ONG que era tanto beneficiaria de la subvención como entidad colaboradora, lo cual motivó un informe de las técnicos de Desarrollo Local. Y una entidad no puede ser la que gestiona la subvención y la que la percibe. Y por si fuera poco, resulta que estas ayudas se otorgaron sin los procedimientos legales establecidos, vulnerando los principios de concurrencia competitiva, para que otras asociaciones hubieran podido concurrir y tramitar la Moneda Ossetana. Se adjudicó a dedo a la mencionada ONG", ha señalado el responsable de Acción Judicial de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, acompañado del presidente del Comité Ejecutivo Provincial del partido, Javier Navarro, quienes sostienen que el dinero de este programa municipal "no se habría quedado totalmente en el bolsillo de los supuestos beneficiarios, sino en miembros de la ONG o de los políticos".

INVESTIGADOS NUMEROSOS EDILES DEL PSOE

Ello, después de que en 2023, dicha instancia judicial acordase investigar al entonces edil de Planificación urbana, Infraestructuras, Recursos Humanos, Hacienda y Estadística, Fernando Pozo; junto con los ya exediles Francisco Amadeo Martínez y Alicia del Carmen Ruiz Madolell; la entonces concejala de Régimen Interior, Economía y Desarrollo Local y Turismo, María José Quesada; y la ex edil María Rocío León, todos ellos del PSOE.

Igualmente, resolvió investigar al también excapitular socialista Francisco Javier Ortega y la entonces responsable municipal de Bienestar Social, LGTBI y Diversidad, Políticas de Mayores e Integración, Salud y Consumo, Inmaculada Serrano Bartolessi; así como al entonces concejal de Educación, Infancia y Voluntariado, Manuel Ramos; a la que fuera delegada municipal de Relaciones Institucionales, Presidencia, Formación e Igualdad, Natividad Martín García; y a Claudio Manuel López como otrora responsable socialista de Deportes, Transición Energética y Medio Ambiente.

Fueron además investigados José Alonso Garrido Pérez, otrora edil de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad; María Francisca Aparicio Cervantes, entonces concejala de Cultura, Fiestas Mayores, Participación Ciudadana y Protocolo; y un representante de la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía; sumándose todos ellos al que fuese alcalde socialista Fernando Zamora, investigado tiempo antes.

EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

Para ello, según el juzgado, se les había hecho entrega del correspondiente informe de la Guardia Civil, un informe que según los partidos denunciantes confirma que se trata de un caso de "corrupción" y según los socialistas descarta que medie malversación de caudales públicos.

Las mencionadas denuncias iniciales del PP y Vox derivan de un informe emitido por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan sobre el convenio firmado por dicha administración con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, al objeto de tal entidad se encargase de la gestión de la moneda social 'Ossetana', una herramienta de apoyo social a las personas desfavorecidas de la localidad.

LA VERSIÓN DEL PSOE

Frente a dicho informe desfavorable y las denuncias judiciales, el Gobierno local del PSOE explicaba en 2021 que esta moneda social había contado desde su creación en 2014 con unos 213.000 euros aportados por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía o La Caixa, para ayudar a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad a adquirir productos básicos.

Según el Equipo de gobierno, el mencionado informe de los habilitados nacionales no alude a ningún desvío de fondos, defendiendo que "ni un solo euro de los presupuestados para el programa de la moneda 'Ossetana' ha sido destinado a usos ajenos al interés general y siempre se han otorgado las prestaciones según los informes previos de los servicios sociales".

Pero después de que en marzo de 2021 el entonces alcalde, el socialista Fernando Zamora, prestase declaración ante el Juzgado de Instrucción número 14, manifestando que desconocía que el modelo de gestión de la moneda social 'Ossetana' motivase incidencias y que dicho programa fue suspendido una vez conocido el informe de los habilitados nacionales; el juzgado resolvió citar como investigados a todos los ya mencionados ediles o exconcejales del PSOE.