ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Comercio de Zaragoza ha editado una guía práctica para facilitar a las empresas zaragozanas la implantación de la e-factura, obligatoria desde este mes para que determinadas empresas puedan ser contratadas por la Administración General del Estado.
A partir de este mes, la Administración exige a las grandes empresas que emitan sus facturas en formato electrónico para poder contratarlas, una medida que se ampliará a todas las pymes en noviembre de 2010.
Para ayudar a las empresas zaragozanas a dar el salto a la facturación electrónica y no perder oportunidades de negocio, la Cámara de Comercio e Industria ha publicado en su web (www.camarazaragoza.com) una guía on-line que explica a las empresas cómo implantar este sistema y qué herramientas tienen a su alcance.
Esta exigencia afectará a unas 130 empresas zaragozanas que cuentan con más de 250 trabajadores, según explicó a Europa Press el responsable de Comunicación de la Cámara, Javier Gómez. "La mayor parte de las empresas en nuestra provincia son pymes, y ellas no estarán obligadas a facturar electrónicamente hasta noviembre del próximo año", añadió.
Por su parte, el técnico de los Servicios Tecnológicos de la Cámara de Comercio, Carlos Pérez, indicó que desde el día 1 de agosto no se han registrado más consultas en la Cámara por parte de las empresas afectadas.
"Es cuestión de formación y concienciación", señaló Pérez, "cuando las pymes deban comenzar a facturar de manera electrónica, nosotros actualizaremos la guía", dijo, "aunque una vez que se utiliza el software por primera vez, después siempre es lo mismo, no creemos que vaya a costar mucho adaptarse".
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, que ya sólo utiliza la 'e-factura' con sus clientes y proveedores, fue la primera institución aragonesa y la primera institución cameral a nivel nacional en facturar sólo electrónicamente.
El proceso comenzó en enero de 2008, adelantándose un año a los plazos establecidos por la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y a la Ley de Contratos Públicos. La Cámara de Zaragoza trabaja en la actualidad a través de este modelo con 277 proveedores y ya ha tramitado más de 2.650 facturas electrónicas.
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN
La guía de la Cámara de Zaragoza ofrece recomendaciones para implantar, paso a paso, la facturación electrónica en las empresas. El documento aconseja que cada compañía designe a un responsable o a un equipo de trabajo para coordinar el proceso, se realice un diagnóstico del proceso de facturación tradicional y se defina cómo se desarrollará el cambio.
El análisis del flujo actual de facturas permite conocer con exactitud cuál es el volumen de tramitación, con qué clientes y proveedores se podrían realizar pruebas piloto y cuál será la mejor época del año para comenzar con el cambio.
Cada empresa debe optar por la modalidad de facturación electrónica que más se adapte a sus necesidades: en la actualidad existen muchas aplicaciones informáticas para intercambiar facturas electrónicas a través de la web, facilitando así el salto tecnológico a las pymes.
La guía de la Cámara de Zaragoza también recomienda a las empresas que el formato de facturación elegido sea estándar. En España, la última versión del estándar nacional es el 'Facturae 3.2' del Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El uso de un modelo común permite agilizar y facilitar el intercambio entre los sistemas informáticos, evitando problemas de incompatibilidades.
Las facturas electrónicas tienen el mismo contenido que el modelo tradicional pero en formato digital, conservando su valor legal. Entre las principales ventajas de la e-factura destacan el ahorro de costes (impresión, envío o almacenaje), la agilidad en la tramitación, la disminución de errores, la simplificación en la gestión y más seguridad, ya que se garantiza la integridad del documento y se autentifica al emisor. Se estima que el cambio a la facturación electrónica puede suponer a la empresa un ahorro de hasta 0,75 euros por documento.