ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de España (CES) propone en su informe sobre 'Estrategias y medidas para una nueva estructura de costes y rentas en el sector primario' utilizar las nuevas tecnologías y la formación como medidas para sacar al sector agrario del estancamiento actual.

El informe indica que el sector agrario se encuentra en una fase de estancamiento que constrasta con el dinamismo mostrado por la economía española. Durante las últimas décadas "el sector está tratando de adaptarse a las implicaciones de la reforma de la Política Agraria Común y a la mayor liberalización de los mercados", según explica el informe, que asegura que estos procesos "están creando un contexto de inestabilidad entre los agricultores y ganaderos debido a la pérdida continua de renta, a la que se enfrenta el sector productor".

Además, el informe indica que desde 2005, coincidiendo con la aplicación del desacoplamiento de las ayudas europeas a la agricultura, el montante global de las subvenciones recibidas ha comenzado a reducirse, así como el peso de las mismas sobre la renta agraria.

Para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, el presidente del CES, Marcos Peña, propuso la incorporación de las nuevas tecnologías, la transferencia del conocimiento, fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i), la mejora continua de la maquinaria agrícola y el uso más eficiente de la energía y los recursos naturales.

De igual forma, el informe explica que se han de establecer medidas de modernización de las explotaciones y empresas agrarias, el desarrollo de herramientas de gestión, mejora de las estructuras comerciales que garantizarían una renta o remuneración adecuada a los activos del sector productor.

Marcos Peña presentó hoy el informe en un acto que tuvo lugar en el auditorio del Palacio de Congresos de la Feria de Muestras de Zaragoza, en el que participó el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias.

Peña explicó que el CES es una plataforma de debate en la que se elaboran informes como el presentado hoy, que recoge las opiniones de los agentes económicos de España. De esta manera, indicó, "las empresas y los sindicatos trasladan sus posturas al Gobierno, a través de sus representantes".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, explicó que la labor del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) es "fundamental para que el Gobierno de Aragón conozca qué piensan las empresas y los sindicatos y conocer la realidad económica".

Asimismo afirmó que el CESA analiza la vida laboral y el desarrollo social en Aragón con un gran rigor y compromiso, "lo que le convierte en pieza fundamental en la construcción de espacios de entendimiento".

La presidenta del CESA, Ángela Abós, afirmó que muchas de las recomendaciones del CES están ya implantadas en Aragón. Una comunidad autónoma, indicó, en la que existe "una estructuración del mundo rural, una emergencia del sector primario, y en la que se producen 12 millones de alimentos, mientras que tan sólo consumimos 1.200.000".

Asimismo, Abós resaltó que Aragón es una potencia investigadora agroalimentaria, ya que cuenta con 500 profesionales que trabajan en este ámbito en las instalaciones del complejo Aula Dei y afirmó que ahora "tenemos que seguir aplicando las recomedaciones del informe del CES".

Por otro lado, reconoció que la sequía que vive Aragón afectará al sector agrario y ganadero, pero agregó que incluso el informe recoge una serie de medidas que pueden paliar hasta esta situación.

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.

Por otro lado, el CES considera necesario avanzar en el proceso de integración del Régimen Especial Agrario de los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social. Al mismo tiempo, el informe resalta la importancia del papel de la agricultura y la ganadería en la gestión del medio rural contribuyendo a la conservación del medio ambiente y al sostenimiento del tejido social y económico.

Por otro lado, el CES estima que se debe prestar especial atención al relevo generacional y a la situación de la mujer en el ámbito rural para lograr que preserven la igualdad del trato y oportunidades en el sector.

En materia de empleo, el CES estima que la legislación vigente sobre regulación de flujos constituye "el cauce adecuado para ordenar el mercado de trabajo teniendo en cuenta el volumen que ha alcanzado la contratación temporal de asalariados en el sector --251.600 personas-- particularmente de trabajadores extranjeros.

En este sentido, el estudio afirma que se precisa incidir en la adecuada planificación y coordinación de las ofertas de trabajo, a través de "los procedimientos establecidos, por parte de los poderes públicos, y las entidades y organismos interesados, con la exigencia del cumplimiento de la legislación vigente por parte de la administración laboral competente".

PESCA.

Respecto al sector de la pesca, el informe del CES señala que atraviesa una difícil situación, derivada de una disminución de los ingresos, como consecuencia del estancamiento de los precios de primera venta de los productos y por las restricciones en las capturas, y de un aumento de los consumos intermedios.

El CES considera que se deben impulsar políticas activas entre Administraciones y agentes económicos y sociales que permitan una explotación racional y sostenible de los recursos, mediante paralizaciones temporales de las flotas, épocas de veda y topes de captura, entre otros para "buscar un aumento de la productividad y eficiencia, lo que sin duda redundaría en un incremento del nivel de rentas y calidad de vida del conjunto del sector".

En relación con la optimización de costes, el CES indica que debería realizarse un estudio de las repercusiones de las fluctuaciones en el precio de los combustibles en las distintas zonas y puertos pesqueros de España y cree necesario incrementar las ayudas de 'minimis'.

Respecto a la necesaria mejora de la competitividad internacional de las producciones pesqueras españolas para revertir la tendencia creciente del déficit comercial, el CES recomienda llevar a cabo un estudio científico que "realice un diagnóstico de la situación actual a la que se enfrenta la producción nacional frente a la de los países terceros, en particular la de ciertos países emergentes que pueden estar compitiendo a costes más bajos que los nuestros".