Innova.- DGA invierte 260.000 euros en una nueva fase del plan de modernización de la Administración de Justicia

Actualizado: lunes, 8 septiembre 2008 19:38

ZARAGOZA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, en el marco de su plan de modernización de la Administración de Justicia, ha adquirido una nueva partida de equipos informáticos. Un total de 250 nuevos ordenadores y 120 impresoras por importe de 260.000 euros. Se sustituyen, así, ordenadores con una media de antigüedad de 5 años. Hasta el momento se ha invertido más de 560.000 euros en la compra de equipamientos tecnológicos.

El Plan de modernización se completa con cursos de formación y especialización para los funcionarios que se convocarán en las próximas fechas con diferentes grados de especialización, según sean para la formación o para la especialización. El objetivo es incrementar la eficiencia de la gestión, mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, y facilitar las condiciones laborales de los empleados de la Administración de Justicia.

Con esta nueva partida se ha renovado el 40 por ciento de los ordenadores de la Administración de Justicia. Estos nuevos equipos se suman a los 270 ordenadores personales y 37 impresoras y escáneres que se distribuyeron anteriormente.

Según una nota de prensa gubernamental, la modernización de la Administración de Justicia es "clave" para el Gobierno de Aragón. En la pasada Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Zaragoza en julio, el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, transmitió al Ministerio de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, su interés en avanzar en la incorporación de las nuevas tecnologías y se mostró dispuesto a trabajar conjuntamente en las medidas que el Gobierno central tiene programadas para desarrollar nuevas aplicaciones informáticas en registros judiciales.

El Ejecutivo autónomo hizo hincapié en la necesidad de la unificación de claves de acceso a los registros centrales, la implantación de la firma digital y el desarrollo de criterios de funcionalidad, para lograr un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia que redunde en un servicio de calidad al ciudadano.