Aragón recurrirá los actos administrativos del decreto que modifica planificación y delimita cuenca de Cataluña

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, anunció hoy que la Comunidad autónoma recurrirá todos los actos administrativos que se deriven del decreto que delitima el distrito de la cuenca fluvial de Cataluña y modifica el reglamento de planificación hidrológica, también su acto principal, el plan de gestión de las cuencas internas de Cataluña por la vía contencioso-administrativa.

Así lo manifestó durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, en la que, a petición del grupo parlamentario del Partido Popular, informó sobre la postura del Ejecutivo autónomo respecto al citado decreto y cómo afecta a Aragón.

Boné subrayó que el decreto incluye como masas de agua subterráneas tres acuíferos que están ubicados, en parte, bajo el ámbito territorial de la Cuenca del Ebro, aunque la zona de descarga esté dentro de las cuencas internas catalanas, por lo que "como mínimo" la gestión de esas masas de agua debería ser "compartida" y no exclusiva de Cataluña, como figura en el decreto.

Ésta es una de las cuestiones, entre "varias que vamos a poner de manifiesto", que el Gobierno de Aragón alegará al programa de medidas que la Agencia Catalana sacó a información pública el pasado 16 de noviembre, como paso previo al plan de gestión de las cuencas internas catalanas.

Agregó que también recurrirán "todos y cada uno de los actos administrativos" derivados del decreto y defenderán la inclusión de los citados acuíferos dentro de la demarcación de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, cuyo plan hidrológico está en revisión, documento en el que ya figuran esas masas subterráneas.

Concretamente, señaló Boné, el Instituto Aragonés del Agua hará una alegación al documento de revisión del plan hidrológico de la Cuenca del Ebro especificando la delimitación de esos acuíferos. El consejero reconoció que el Gobierno de Aragón podía haber recurrido el decreto catalán. Según explicó, "no sobraba ese recurso", pero no se hizo porque había "dudas jurídicas sobre su legitimidad" y había "alternativas posteriores" para "defender los intereses de Aragón y los aragoneses", como es recurrir todos los actos administrativos que de él se deriven.

Boné reconoció que también la Administración General del Estado podía haber recurrido el decreto, ya que tenía "motivos claros" porque vulnera "muchas" de sus competencias, como su capacidad de legislar y aprobar los planes de cuenca, y deseó que a partir de ahora "esté más atenta" y ponga "más interés" en este asunto para "defender los intereses generales".

FIRMEZA

El diputado del Partido Popular (PP), Eloy Suárez, recordó al consejero la "beligerancia" pasada del Gobierno de Aragón "sobre determinados temas hidráulicos", mientras que ahora "no da la cara" por lo que le reclamó "firmeza" y use "todos los instrumentos posibles y recurra toda las normas que van contra nuestros intereses", en vez de estar "con los brazos cruzados" ya que "no interponer los recursos cuando hay que hacerlo tiene sus consecuencias".

Suárez recalcó que el decreto no sólo va en contra de los intereses de Aragón sino de toda la cuenca y de las ocho Comunidades autónomas que forman parte de ella, además de Cataluña. En su opinión, esta norma es un elemento más del "armazón jurídico" que están realizando en Cataluña para poder utilizar el agua según sus intereses y "dar cobertura jurídica a ese trasvase que tanto anelan", sin que sirva "de nada lo que se haga aquí o en Madrid".

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Bizén Fuster, coincidió con el PP en que las diferentes actuaciones que se están realizando desde Cataluña son una "trama tejida para que el trasvase del Ebro a las cuencas internas catalanas sean una realidad" y agregó que el Gobierno de Aragón "no debe dejar en manos de otros" recurrir normas que le perjudican.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, abogó porque se garantice la participación de las Comunidades autónomas en la toma de decisiones en todas las confederaciones hidrográficas; "arreglar todos los errores que ha habido en la política hidráulica" en España con ocasión de la revisión de los planes de cuenca; y que en materia de agua se tomen las decisiones "lo más consensudas posibles".

Los grupos que apoyan al Gobierno señalaron que la posición del Ejecutivo ha sido "clara y contundente" de oposición a ese decreto. Javier Sada (PSOE) apostó por elegir "el momento y los mecanismos mejores" para "salir airosos a nivel jurídico en contra de este decreto" y "defender los intereses de los aragoneses".

El diputado del Partido Aragonés (PAR), Joaquín Peribáñez, precisó al respecto que el Gobierno de Aragón va a hacer "hincapié" en recurrir "de forma indirecta" el decreto a través de todos los actos administrativos que de él se deriven y recurriendo el "acto principal", el plan de gestión de las cuencas internas de Cataluña, "en cumplimiento" del Estatuto de Autonomía de Aragón y en "defensa de los intereses de la Comunidad autónoma".