Aragón solicita la revisión "integral" del decreto de centros de datos: "Son exigencias de casi imposible cumplimiento"

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha detallado las alegaciones que ha presentado el Gobierno de Aragón al proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, solicitando así una revisión "integral" del texto porque contiene unas exigencias "de extremadamente difícil o casi imposible cumplimiento".

En una rueda de prensa este viernes, Eva Valle ha argumentado que los requisitos que plantea el Gobierno de España "no constituyen, en la práctica, un mecanismo de ordenación del sector, como es la intención teórica del proyecto de Real Decreto, sino que constituyen una barrera de entrada muy efectiva a la actividad para el sector".

A juicio del Gobierno de Aragón, tal y como ha trasladado la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, la redacción de la norma "compromete seriamente el desarrollo de una infraestructura clave para la economía del siglo XXI, la transformación digital, la autonomía tecnológica europea y la competitividad de España".

Además, en lo que respecta a Aragón, las inversiones anunciadas en la comunidad autónoma vinculadas al sector de centros de datos, que alcanzan los 54.000 millones de euros, "corren grave riesgo" y podrían paralizarse, ha advertido Valle, algo que se refleja en el documento de alegaciones junto al "compromiso" del Ejecutivo autonómico de favorecer un "impulso sostenible, seguro y eficiente de los centros de datos".

El impacto de esta paralización sería "particularmente elevado en Aragón, dada la magnitud y el número de las inversiones ya en tramitación que se verían paralizadas de aprobarse este proyecto de Real Decreto en la redacción que se presenta a audiencia pública", ha expresado la titular de Economía, Competitividad y Empleo, para añadir que existe "muchísima inquietud e incertidumbre entre las inversiones en tramitación o potenciales nuevos inversores".

PROBLEMAS EN EL PROYECTO NORMATIVO

Eva Valle ha precisado que el Gobierno de Aragón requiere una revisión "integral" del texto para evitar que la nueva regulación derive en una prohibición de la actividad de todo un sector y que, de esta forma, el texto respete los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, neutralidad competitiva y adecuación a la realidad tecnológica y energética.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico reclama la revisión de los requisitos energéticos más exigentes --previstos en los artículos 7, 8 y 9-- que tanto individual, como conjuntamente, constituyen condiciones de imposible cumplimiento con las tecnologías disponibles y con la configuración actual del sistema eléctrico español, resultando en "una restricción material cuasi plena al establecimiento y ampliación del sector de centros de datos en España".

En particular, en el texto presentado se cuestionan las exigencias relativas a la cuota renovable superior al 90%, la obligación de cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional y la exigencia de correlación horaria, requisitos que individualmente y, aún más en combinación, no constituyen un mecanismo de ordenación de la actividad, sino más bien una barrera efectiva para el desarrollo tanto de centros de datos ya en tramitación como de nuevas instalaciones.

En segundo lugar, Aragón entiende que el proyecto excede el alcance de la habilitación legal existente, al introducir mediante reglamento limitaciones que afectan materialmente al régimen de acceso y conexión a la red eléctrica, cuestión que debería abordarse, en su caso, mediante una norma con rango de ley.

Asimismo, las alegaciones alertan sobre los efectos retroactivos de la norma, dado que el texto proyectado aplicaría nuevas condiciones a permisos ya concedidos y a proyectos en fases avanzadas de desarrollo, alterando sustancialmente el marco regulatorio bajo el que se adoptaron decisiones de inversión de gran relevancia económica y generando incertidumbre jurídica.

DESVENTAJAS

Ello, además, "incrementa el riesgo de litigiosidad y de posibles reclamaciones patrimoniales contra las administraciones públicas con el consiguiente impacto en las cuentas públicas", ha comentado Valle.

De aprobarse este Real Decreto, España contaría con "un régimen significativamente más restrictivo que el actualmente existente en el ámbito europeo", lo que supondría tener una posición de "desventaja competitiva" respecto a otros países europeos y "una deslocalización de las inversiones hacia los mismos".

En esta línea, el Gobierno de Aragón plantea que, mientras "otros estados miembros están optando por enfoques más graduales con periodos transitorios y con requisitos más flexibles que los que se están introduciendo en España, incluso de manera retroactiva, nos situamos en una situación de desventaja competitiva", ha alertado Valle.

Por último, el Gobierno aragonés cuestiona la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompaña al proyecto por no incorporar una evaluación rigurosa de los efectos económicos, sobre la competencia, presupuestarios y territoriales de la regulación propuesta.

Las alegaciones subrayan que una norma con capacidad para condicionar inversiones de decenas de miles de millones de euros debería incluir una valoración rigurosa de sus efectos sobre el empleo, la actividad económica, la inversión y la competitividad de los territorios más afectados, entre ellos Aragón.

INFRAESTRUCTURA ESENCIAL

Los centros de datos se han convertido en una infraestructura esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial, los servicios en la nube, la digitalización empresarial y la modernización de las administraciones públicas y, en un contexto en el que Europa busca reforzar su soberanía tecnológica y reducir dependencias externas, la localización de estas inversiones ha pasado a ser un factor determinante para la competitividad de los territorios.

En opinión de la consejera, el debate debe centrarse en dónde se localizarán las inversiones que permitirán construir la capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos que necesita el territorio europeo.

España cuenta actualmente con una posición diferencial para atraer este tipo de proyectos, gracias a su elevada disponibilidad de energía renovable, su red de telecomunicaciones, la disponibilidad de suelo y el desarrollo de capacidades tecnológicas e industriales.

En sus alegaciones, el Gobierno de Aragón recuerda que diversos análisis sitúan a España entre los países mejor posicionados para convertirse en uno de los grandes polos europeos de la economía digital, si dispone de un marco regulatorio estable, previsible y competitivo.

Dentro de ese contexto, Aragón se ha consolidado como uno de los territorios europeos más atractivos para la implantación de centros de datos y la comunidad autónoma concentra, actualmente, algunos de los mayores proyectos tecnológicos del continente y mantiene en tramitación numerosas iniciativas vinculadas a este sector y a su cadena de valor.