ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa remitirá a la Fiscalía General del Estado, en los próximos días, toda la información publicada en los medios de comunicación aragoneses sobre las actividades del hasta hace poco presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), Jesús Solá, al entender que los hechos relatados podrían ser constitutivos de infracción penal.
El alcalde de la localidad zaragozana de Herrera de los Navarros, Jesús Solá, dimitió el martes, 30 de junio, de su cargo de presidente de ASAEL, después de que Heraldo de Aragón informara de que pagó, durante dos años, a su chófer personal con dinero proveniente de los fondos europeos del proyecto Liedra de lucha contra la violencia de género. Solá negó haber cometido irregularidad contable o administrativa alguna.
Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa la "posible desviación de fondos públicos a fines distintos de los previstos" o "la contratación de personas con cargo a fondos públicos para el desarrollo de labores al servicio de organizaciones ajenas, como se señalaba en las informaciones publicadas, requieren una detallada investigación, que sólo puede llevarse a cabo, con las suficientes garantías, por parte del Ministerio Fiscal", han argumentado en un comunicado.
Desde este colectivo han subrayado que el respeto a la legalidad en la gestión de los fondos públicos y el correcto ejercicio de las responsabilidades públicas "exige que conductas como las que aparecen en esas informaciones sean analizadas desde las exigencias del correcto funcionamiento del Estado de Derecho y de la defensa de las instituciones públicas y del interés general".
Han agregado que las responsabilidades en que puedan incurrir las personas que ejercen funciones públicas, sean políticas o administrativas, en el seno de las instituciones "han de ser debidamente delimitadas, para preservar la credibilidad de las propias instituciones y del conjunto de las personas que trabajan en ellas de forma profesional y honesta".
"Los ciudadanos han de tener la certeza de que todas las actuaciones contrarias a las exigencias de legalidad en el desempeño de cargos públicos, que vulneren el interés general o lo subordinen al interés privado de personas u organizaciones, serán investigadas, con independencia de la posición que ocupen los responsables de las mismas", han añadido desde esta organización.
A su entender, serían "inconsecuente" con sus principios y fines de defensa de la ética y de la función pública si no adoptase una "clara posición" frente "a los casos de corrupción pública que afectan a las instituciones de la Comunidad autónoma, pues no es posible defender la función pública sin combatir, al mismo tiempo, la corrupción pública, al constituir ésta la mayor deslealtad posible con la democracia, el servicio público y los ciudadanos".
