ZARAGOZA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una auditoría externa calculará el coste de la resolución del contrato de la concesión de la autopista autonómica ARA A-1, que rondará los 40 millones de euros, según ha afirmado este jueves el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, quien ha comparecido a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.
La normativa vigente señala que la Administración regional debe abonar a la empresa el coste de las obras que se le revierten. Se realizará "un cálculo técnico, no político".
"Habrá que asumir esa responsabilidad, pero dejaremos de tener que dotar fondos de pago de este peaje en sombra", ha continuado Soro, quien ha aseverado que "no hubo en absoluto una dejación de funciones de la Administración", que "estuvo absolutamente encima de la ejecución de las obras".
José Luis Soro ha señalado que durante aquellos años, con el Gobierno PSOE-PAR, "se tomaron decisiones estratégicas muy acertadas", pero en este caso "ahora todos vemos que era un auténtico disparate" que coincidió con la llegada de la crisis económica.
Ha reconocido que en la actualidad "nadie" autorizaría la construcción de esta autopista autonómica, que se construyó con una previsión de tráfico 2,5 veces superior a la que en realidad ha tenido, por lo que la concesionaria se encuentra en quiebra, en concurso de acreedores, lo que le ha llevado a solicitar una indemnización. "Mi responsabilidad ahora es pensar en el futuro, me preocupa mucho más", ha zanjado Soro.
Ha informado sobre los efectos y consecuencias de la aplicación de la sentencia de 19 de marzo de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y del fallo del recurso de casación interpuesto por la Comunidad Autónoma ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, contra la sentencia anterior.
El consejero ha subrayado que la concesión se realizó a riesgo y ventura, lo que "no significa que no proceda el equilibrio económico", lo que solicitó la concesionaria en los tribunales, cifrándolo en 9,3 millones de euros, que el juez rebajó a 3,2, lo que ratificó el Tribunal Supremo. El Gobierno de Aragón ha abonado 3.253.820,54 euros con cargo al Fondo de Contingencia.
José Luis Soro ha relatado que, además, la empresa ha solicitado un segundo reequilibrio económico por la explotación de la infraestructura, ya que el escaso tráfico ha provocado una "importante" minoración de ingresos y no ha podido hacer frente a los gastos corrientes ni a las deudas financieras.
ERROR GRAVE DE GESTIÓN
El diputado de Cs Jesús Sansó ha aseverado que todas las autopistas radiales proyectadas en aquellos años están en quiebra. Ha observado que "en aquella época de vacas gordas, al que dudaba de los estudios de demanda lo mandaban al rincón de pensar", añadiendo que la concesionaria solicitó el reequilibrio económico-financiero solo 11 meses después de inaugurarse la autopista.
Ha lamentado que "los aragoneses llevamos nueve años pagando más de dos millones de euros con el peaje en la sombra" y ha preguntado al consejero "cuántos millones hemos pagado hasta ahora por usar cinco kilómetros de autopista", criticando este "error de gestión tan grave".
"Reconozca que se equivocaron y que los aragoneses debemos hacernos cargo de más de 40 millones de euros", ha emplazado a Soro, advirtiendo de que "este tema no es agua pasada". El PSOE "no supo estar a la altura", ha opinado.
El diputado del PP Javier Campoy ha asegurado que la ARA A-1 es un ejemplo de "gestión más que desafortunada de los Gobiernos PSOE-PAR" y también de PSOE y CHA.
El parlamentario del PSOE Fernando Sabés ha dicho que "es muy fácil juzgar a los ojos de 2017 las decisiones que se tomaron en 2004, 2005 y 2006, sobre todo cuando no se tiene capacidad de gobierno", defendiendo la apuesta del Departamento de Soro por "buscar una salida para seguir manteniendo una infraestructura" y solucionar este problema "de la forma menos gravosa para las arcas del Gobierno autonómico".
Desde Podemos, Marta de Santos ha criticado esta "tremenda chapuza", urgiendo al Ejecutivo a "asumir los fallos". Ha comparado este caso con la gestión de la depuración de aguas, aseverando que "el fallo es el sistema de concesión, el siguiente una Administración que no ha funcionado y la consecuencia, que lo pagamos entre todos".
En representación del PAR, Jesús Guerrero ha señalado que hay que acatar las sentencias judiciales y ha agradecido la "responsabilidad" de Soro, indicando que gobernar significa, a veces, "gestionar algo que ha venido desde atrás". Este proyecto se impulsó "con la mejor intención posible".
El portavoz de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha expresado que "no es agradable tener que pagar unas cantidades que no dedicas a otras cuestiones, pero la ley es para cumplirla", también en este "aridísimo" asunto.
