Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS
ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha aseverado que la prioridad nacional "es echar a Sánchez" por el "caos" generado en todos los ayuntamientos, no solo en el de Zaragoza con un real decreto de regularización de inmigrantes que "vincula inmigración con vulnerabilidad" con el objetivo de intentar alterar el censo electoral.
Chueca ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a petición del PSOE sobre las filas formadas a las puertas de la casa consistorial desde la entrada en vigor, el 16 de abril, del real decreto de regularización masiva.
Ha calificado de "hipocresía del PSOE" el intento de esta moción de culpabilizar al ayuntamiento por el "desastre generado por el Gobierno central al recordar que el "caos" ha sido en todos los ayuntamientos no solo en Zaragoza.
"La inmigración hay que tomársela más en serio que sacar real decreto y Sánchez p'alante. Es autoritarismo y revela como gobierna España el PSOE". A su parecer, el Gobierno de España "no está a la altura del desafío de la inmigración" porque desde 2018 "no hay modelo ni política migratoria que facilite la integración de los que llegan para tener una mejor oportunidad e "integrarse en la vida de los españoles". "Se les aboca al abandono sin dar papeles, ni poder trabajar y luego se acusa a los ayunmientos de la dejadez del Gobierno de España que incapaz, como en tantas otras cosas", ha resumido.
La alcaldesa ha reconocido que se necesita inmigración porque hay un problema demográfico y se precisa de mano de obra y profesionales, pero hay que gestionarla, regularla e integrarla y eso "no se hace vía decreto, ni sin hablar con el resto de instituciones a las que se les pide que hagan el trabajo", para citar al delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán que decía no iba a afectar a los ayuntamientos.
"Es un real decreto oportunista" porque Sánchez necesitaba una "cortina de humo ante los 24 años de cárcel que se piden para su mujer, Begoña Gomez, por varios presunto delitos, al tiempo que "Koldo y Ábalos están en juzgado y Aldama diciendo que Sánchez sabía toda la corrupción".
Ha argumentado que Sánchez busca alterar el censo porque dentro de un año hay elecciones municipales y "quizá generales" para deducir que si al presidente del Gobierno de España le preocupara la inmigración cambiaría la ley de extranjería.
A su parecer, revela el "autoritarismo de Sánchez en contra de la mayoría parlamentaria" y como la mayoría de los ayuntamientos los gobierna el PP el problema afecta otro partido y no al PSOE, ha deducido.
Chueca ha avanzado que pedirán el abono del coste extra de realizar esta regularización al no tener memoria económica el real decreto y ha afeado que a los inmigrantes les cobren 38 euros de tasa. "Eso no es social, es socialista", ha diferenciado.
Ha criticado que los informes de vulnerabilidad los otorguen funcionarios municipales con "criterios vagos" como dice el Consejo e Estado y por eso se acordó centralizar este trámite en la Casa de las Culturas.
Ha pedido imaginar que si hace 8 años se hubiera dicho que se regularizaban 1,5 millones de inmigrantes sin consenso "no se creería".
"Rajoy --ha comentado-- ya pagó el precio con la moción de censura y el que sigue gobernando, a pesar de la corrupción, es Sánchez", ha diferenciado. Ha citado los casos de presunta corrupción judicializados en el entorno familiar, del partido y ministerial de Sánchez, quien ha pactado con independentistas y Bildu, mientas hay algunos etarras "paseándose por las calles".
Tampoco se podría nadie imaginar hace ocho años que 113 agresores sexuales se hubieran excarcelado o que hubiera 1.133 reducciones de condena o un apagón general sin asumir responsabilidades.
"Es un proceso de erosión democrática y judicial" y Sánchez, "por su interés se aprovecha de los inmigrantes porque hace decreto a granel que no soluciona el problema de fondo".
La diferencia con la regularización del Gobierno de Aznar, ha dicho, es que se vinculó al trabajo para que viniesen con un contrato para aportar, mientras que PSOE vincula "inmigación a vulnerabilidad".
"GENERAR ODIO"
La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha criticado que con estas largas filas, la alcaldesa "quiere contribuir a mala convivencia y generar odio entre los vecinos de la ciudad". "Se ha convertido en alumna aventajada de Vox y ha comprado su discurso", ha opinado.
Ranera ha atribuido a Chueca que Zaragoza "fuera noticia nacional por esa muestra de racismo porque en la ciudad manda Vox con los pactos de la infamia" y por eso la alcaldesa "sale corriendo a ver a sus amiguitos Gamarra y Tellado" en la toma de posesión del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
"El PP ha comprado la agenda de la ultraderecha y la prioridad nacional es acabar con la igualdad, es clasismo, alentar odio, acabar con la convivencias, segregar, acabar con los Derechos Humanos, señalar y es la vergüenza nacional", se ha despacho Ranera para afear al PP que "desoye a empresarios y Cáritas".
La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha afeado al PP que se haya "dormido" en este asunto de la inmigracion y "ahora se comen el sapo de la prioridad nacional que es el botón 'eject' de Abascal para salir de los gobiernos cuando le convenga". Ha coincidido en que la prioridad es sacar a Sánchez de la Moncloa.
La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que es la "actitud cruel de Chueca" para formar largas filas que ha preferido hacer cuello de botella en la Casa de las Culturas en lugar de habilitar más funcionarios para agilizar el proceso.
"Es maldad política y utilizar a las personas como 'atrezzo' de su política que se acerca a la ultraderecha", ha considerado Elena Tomás. "Si Sánchez lo hace mal, hágalo usted bien", ha instado Elena Tomás a la alcaldesa.
"MALA LECHE"
La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha aseverado que el real decreto es para "alterar el censo electoral, desviar la atención de los procesos judiciales en el entorno de Sánchez que no es capaz de aprobar los presupuestos pero si Real decreto que hará saltar el Estado de bienestar". Emite un real decreto cada 14 días y "es más propio de un dictador que de un demócrata, ha diferenciado.
Las regularización no resuelven el problema "lo convocan" y añadir potencialmente medio millón o más de personas al sistema social sin financiación es la receta para que los servicios sociales "colapsen y afectará a los más vulnerables, además de que es fraude de ley". Por eso Vox ha pedido al Tribual Supremo la suspensión cautelar.
"Se crea un conflicto con la política europea que busca el retorno de los inmigrantes, potencia el efecto llamada, y facilita que se trasladen a otros Estados europeos, ha sintetizado Torres. Ha defendido la inmigración ordenada y la "prioridad nacional" porque rechazar este real decreto es cuestión de "supervivencia".
El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha pedido a Ranera que no hable de corrupción con "todos sus compañeros en el juzgado". Ha recordado que en la Junta de Portavoces se pacto que el pleno acabara pasadas las 13.00 horas cuando ya se ha sobrepasado en dos horas y aún faltaban mociones por debatir.
Lorén ha comentado que hasta los independentistas dicen que el "jefe es Sánchez". La regularización es "solo un proceso más para romper la sociedad en dos. Una que dice que Sánchez es el "puto amo" y otra que quiere que se enfrente a sus problemas judiciales y de todos sus ministros.
Ha recordado que también hubo colas con el SMI y además se cobra 38,28 euros, unos decimales que generan un gran problema. "Se puede tener más mala leche y joder más", ha cuestionado para añadir: "Sí. Se puede montar chiringuito y cobrar 150 euros como en UGT por asesoramiento a los inmigrantes. Se puede llamar privatización", ha preguntado en tono irónico.