ZARAGOZA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó hoy la Ley de Urbanismo de Aragón (LUA) con el voto favorable de los Grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y PAR, y el voto en contra de PP, CHA e IU, que defendieron sin éxito más de 400 enmiendas.
Como representante de la Ponencia de la Ley, el socialista Ricardo Berdié indicó que las Cortes debatieron 553 enmiendas parciales, de las que quedaron vivas para su debate en el Pleno de hoy 426. El diputado del PSOE destacó la intensidad del debate parlamentario.
El parlamentario del PP, Pedro Navarro, dijo que el proyecto de ley es "un texto del Gobierno y para el Gobierno" cuyo verdadero objetivo es convertir al Ejecutivo en "el verdadero alcalde de Aragón".
Según el diputado popular, el proyecto de ley pretende "minar hasta el infinito la autonomía municipal" concentrando las competencias urbanísticas en el Gobierno autónomo, a lo que añadió que la iniciativa "reduce al máximo la participación" de los actores implicados en el urbanismo.
Pedro Navarro lamentó que los responsables del Gobierno autónomo "no son capaces de controlar" el desarrollo urbanístico del entorno de la ciudad de Zaragoza y, al contrario, pretenden controlar el urbanismo del resto de la comunidad autónoma, controlando el suelo, las condiciones de desarrollo del urbanismo y asumiendo competencias autonómicas.
El parlamentario del PP señaló que la LUA "va radicalmente en contra de la autonomía municipal" y como ejemplo mencionó el proyecto de Expofloralia 2014, para cuya ejecución el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, pretende autorizar la construcción de 10.000 viviendas, lo cual con la LUA podrá ser vetado o confirmado por el Gobierno autónomo.
Navarro proclamó que su grupo "defiende el interés general por encima de todo" y avisó de que ha cambiado "el marco socioeconómico", lo que no ha sido valorado en la redacción de esta iniciativa legislativa.
A esto añadió que la LUA se empeña en incrementar los controles a los ciudadanos y las empresas para aumentar la recaudación impositiva. Navarro prosiguió negando que esta ley se base en el consenso, al contrario de la Ley autonómica que sustituye y pronosticó que la nueva Ley "no va a gozar, ni muchísimo menos" del mismo consenso que la normativa anterior.
El parlamentario del PP criticó la introducción de la figura del "agente urbanizador" por los "numerosísimos escándalos" que pueda producir y lamentó que la nueva Ley sólo promueva la participación del Gobierno de Aragón.
Por su parte, el diputado de IU, Adolfo Barrena, mostró su "desacuerdo" con la LUA y remarcó que rechaza la LUA por motivos distintos de los que tiene el PP para votar contra esta nueva norma.
Barrena criticó, expresamente, la política de liberalización completa del suelo no protegido, fundamento de la Ley estatal de urbanismo aprobada por las Cortes Generales durante el mandato del popular José María Aznar al frente del Gobierno central y aprovechó para arremeter contra la costumbre municipal de utilizar el urbanismo para obtener recursos económicos.
El también coordinador general de la coalición propuso intentar "que el urbanismo deje de ser negocio" y aludió, explícitamente, al caso de corrupción urbanística de La Muela (Zaragoza), del que dijo que aunque la Justicia sancione a los posibles culpables, el urbanismo seguirá dando pie a determinados negocios, con esta normativa.
La LUA "incorpora avances", como la trasposición a la legislación aragonesa de la Ley del Suelo aprobada por las Cortes Generales durante la primera legislatura de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El diputado de CHA, Bizén Fuster, señaló que la Ley debe hacer frente a la crisis de la vivienda y la construcción, "que afecta a mucha gente" vinculada a un sector que ahora es distinto a como era años atrás. Esta ley "obedece a una situación económica, social y urbanística distinta a la que tenemos que afrontar" ahora.
Fuster negó que, durante la tramitación de este proyecto de ley, el Gobierno autónomo haya mostrado un "talante de diálogo" significativo, sino "al contrario", ya que "no se ha pactado ni con unos ni con otros" y espetó al consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, que "usted no ha pactado ni con la derecha ni con la izquierda".
El socialista Ricardo Berdié, como portavoz de su grupo en este punto del orden del día, negó que "haya una crisis de corrupción urbanística", afirmando después que "hay excepciones de corrupción urbanística".
El diputado del PAR, Miguel Ferrer, manifestó que "se hace una defensa clara de la primacía de lo público", se aborda un nuevo tratamiento del suelo y el urbanismo no queda como la regulación de la propiedad del suelo, sino que se crean instrumentos legales para tratarlo desde la iniciativa pública.
CONTENIDO
La Ley de Urbanismo de Aragón (LUA) La nueva Ley atribuye al Gobierno autónomo la posibilidad de incidir en los planes locales de urbanismo cuando los proyectos tengan el carácter de "interés general", precisamente uno de los aspectos más rechazados por la oposición parlamentaria.
Asimismo, la Ley introduce la figura del agente urbanizador, de naturaleza privada y cuya actuación permitirá expropiar propiedades privadas si obstaculizan el desarrollo urbanístico de una zona determinada.
