La futura ordenanza contra el botellón en Zaragoza permitirá conmutar sanciones por trabajos educativos o de limpieza

ZARAGOZA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La futura ordenanza contra el botellón en Zaragoza permitirá conmutar sanciones por trabajos educativos, de voluntariado y de limpieza a los consumidores que sean multados por realizar esta práctica, opción que se va a desarrollar a través de un programa en colaboración con el área de Acción Social del consistorio de la capital aragonesa.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha subrayado la importancia de esta medida educativa "más allá de la sanción puramente económica".

El gobierno municipal ha aprobado este jueves, 30 de julio, someter a consulta pública previa el proyecto de Ordenanza reguladora del consumo indebido de bebidas alcohólicas, fomento de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales.

Según este documento, las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves, estableciéndose un régimen sancionador de 150 a 600 euros para las leves, 601 a 1.500 euros para las graves y 1.501 a 3.000 euros las muy graves.

Se considerará infracción muy grave el proveer de bebidas alcohólicas a menores de edad. El consumo de alcohol en la vía pública se considerará una infracción leve, pudiéndose sustituir la sanción pencuniaria establecida por otras medidas como cursos de formación o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Será infracción grave cuando el consumo se realice en zonas de juego infantil y en horarios diurnos y vespertinos hasta las 21.00 horas, o cuando en estos lugares y horarios no se proceda a la recogida de los residuos generados habiendo sido requeridos para ello por los agentes de la autoridad.

OBJETIVO

Chueca ha señalado que la nueva ordenanza tiene como objetivo prohibir el consumo de alcohol grupal con fines de ocio en espacios públicos no autorizados, "un problema de salud pública general", que se ha convertido en "prioritario y urgente" por la situación de pandemia de la COVID-19 y los nuevos brotes que están surgiendo.

Al respecto, ha explicado que uno de los focos de estos rebrotes "viene originado por la práctica habitual del consumo grupal de alcohol en espacios públicos, generalmente, sin seguir las medidas de seguridad sanitaria distanciamiento social".

Asimismo, se persigue prohibir la venta o suministro de alcohol en los espacios públicos desde automóviles, carritos o tenderetes, impidiendo la venta ambulante fuera de los mercados o ferias específicamente autorizadas para ello. En este sentido, la venta sí estará autorizada en veladores, terrazas o kioskos en los términos establecidos por la normativa municipal.

La consejera municipal ha indicado que con esta nueva norma se evitarán "algunas de las ambigüedades de las ordenanzas actuales" ya que, por ejemplo, el botellón está prohibido en la de limpieza, pero por causas como impedir el tránsito peatonal, dejar contaminación y residuos o provocar contaminación acústica que pueda molestar a los vecinos.

Con esta nueva ordenanza, "se va un paso más allá" para "evitar el consumo de alcohol en parques, calles, plazas o riberas de la ciudad con fines de ocio y grupal, a partir de tres personas".

La consejera municipal ha aclarado que se excluye de esta prohibición las zonas habilitadas para comer, como merenderos, así como las fiestas populares o festejos de asociación o entidades, que deberán acogerse a la obtención de una autorización o licencia, igual que ya ocurre en las Fiestas del Pilar, en las que todos los actos donde se consume alcohol en la calle tienen una licencia, o circunstancias como un grupo de trabajadores que "pare a comer y se tome una cerveza" ya que no es una actividad de ocio.

Chueca ha precisado que hay más de 40 puntos identificados como lugares donde se practica el botellón por parte de los servicios de limpieza y de la Policía Local. Respecto a los primeros, ha apuntado que hay equipos específicos los fines de semana para limpiar los restos de los botellones, que tienen una dotación anual de 600.000 euros.

PROCESO

El plazo de consulta pública previa se va a extender hasta el próximo 6 de agosto para a través de la página web del consistorio, de forma que durante siete días, "todos los ciudadanos que lo deseen pueden hacer llegar sus opiniones y comentarios" al texto, ha indicad la consejera municipal.

Después, está prevista la aprobación del proyecto de ordenanza a mediados de agosto para iniciar seguidamente el periodo de exposición pública, incluyendo "las aportaciones recibidas en la primera fase", ha contado Chueca.

Asimismo, ha dicho que el gobierno municipal ha dado el visto bueno a la tramitación de urgencia, lo que "permitirá acortar los plazos a la mitad". Se prevé que se pueda aprobar en la Comisión de Servicios Públicos en septiembre.

El proyecto deberá ser aprobado definitivamente por el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y los grupos políticos podrán presentar votos particulares a lo largo de la tramitación.

FUNDAMENTOS

El proyecto normativo se fundamenta en la Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias de Aragón que dispone que las corporaciones locales establecerán en sus correspondientes ordenanzas municipales los criterios que regulen la localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos de venta y suministro de bebidas alcohólicas, así como su venta y consumo en la vía pública.

La nueva ordenanza pretende avanzar en los objetivos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024, que alerta sobre los riesgos que entraña la normalización del consumo de alcohol entre la población joven, así como su aumento en este colectivo.

De hecho, los datos estadísticos reflejan que la edad media de inicio en el consumo de alcohol se encuentra en 13 años o que más del 30 por ciento de los menores de 16 años consideran que no es una droga.

El texto aprobado establece como objetivos la aplicación de una política eficaz contra el consumo de alcohol entre la población más joven, la sensibilización ciudadana sobre sus riesgos sanitarios y sociales y el impulso de medidas preventivas desde los recursos municipales.