Los inmuebles desocupados por ejecuciones hipotecarias serán para vivienda social

Actualizado 26/11/2015 14:35:38 CET
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro
EUROPA PRESS

   ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha dado a conocer este jueves, 26 de noviembre, las líneas generales del decreto ley que el Ejecutivo autonómico va a aprobar "de forma inminente" y que incluye la obligación de las entidades financieras de poner a disposición de la Administración de la Comunidad las viviendas desocupadas y que procedan de ejecuciones hipotecarias.

   En declaraciones a los medios de comunicación, Soro ha reconocido que "es una norma audaz, pero defendible jurídicamente" con la finalidad de que "las viviendas que proceden de familias a las que se ha expulsado de su casa, cumplan una función social".

   En este sentido, ha precisado que "se establecerá cuál es el régimen de ocupación", que, "en principio, será un arrendamiento que se fijará por orden del Departamento" y "la familia pagará una renta social que no supere el 30 por ciento de sus ingresos y la diferencia entre esa cantidad y la que corresponda a la entidad financiera propietaria la abonará la Administración".

   Soro ha expuesto esta y otras medidas ante el Foro de la Vivienda de Aragón, que se ha reunido por primera vez esta legislatura, y donde ha presentado el citado decreto ley, que contiene acciones "hasta donde se pueden llegar dentro de la distribución competencial entre el Estado y la Comunidad".

   El consejero ha subrayado que el objetivo es que "los poderes públicos provean obligatoriamente de una solución habitacional" a "todas las personas que pierdan su vivienda como consecuencia de una ejecución hipotecaria o un desahucio por falta de pago del alquiler".

   Según ha dicho, ahora "nadie se queda en Aragón en la calle porque gracias al trabajo conjunto de todas las Administraciones siempre encontramos esa solución habitacional" y con este decreto ley se trata de establecer la obligatoriedad legal de que así sea.

REGISTRO

   Otra de las medidas que recoge el decreto es crear un registro de viviendas "para controlar esa obligación de las entidades financieras de aportar" esos inmuebles.

   Soro ha aclarado que les han pedido los datos de cuántas viviendas disponen y también "tener un interlocutor único", gracias a lo cual, por ejemplo, "en los últimos días se han parado cuatro desahucios, fuera del convenio que tenemos con el Consejo General del Poder Judicial".

   El decreto también contempla crear un único fondo social de vivienda ya que en estos momentos "hay muchas bolsas de vivienda, la autonómica y las de los diferentes ayuntamientos" y "ahí estamos perdiendo la fuerza y eficacia" ya que "trabajamos en paralelo".

   Según ha explicado, "hemos hablado con los municipios" y habrá un solo fondo, donde figurarán las viviendas propiedad de las Administraciones, así como las que aporten entidades financieras, el SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y cualquier persona jurídica o particular. Además, ese fondo también contendrá a "todas las personas que necesitan vivienda".

   Soro ha indicado que será "una herramienta única para que todas las entidades públicas podamos hacer las cosas mejor", si bien "la gestión será por parte de cada Administración".

   A su entender, son medidas "comprensibles políticamente" y "muy eficaces y justas" ya que se trata de "incrementar sustancialmente el parque social de vivienda", para aclarar que actualmente la bolsa de la Comunidad tiene 4.000 solicitudes, a quienes "no estamos en condiciones de darles solución".

EXIMIR DE ESTAR AL CORRIENTE

   El consejero ha expuesto otra novedad, que será eximir a las personas que soliciten estar en la bolsa de alquiler de la obligación de acreditar que están al corriente de pago a la Seguridad Social, Hacienda o con la Comunidad, igual que la ley de los Presupuestos de la Comunidad "exonera de esa obligación en otros casos, como a las subvenciones de menos de mil euros, becas universitarias y el cobro de la PAC".

   Al respecto, ha comentado que "uno de los problemas más claros que me encontré al llegar al Departamento" fue denegar la inscripción en la bolsa a personas "que lo necesitaban y tenían derecho, pero no cumplían ese requisito" de estar al corriente de los pagos tributarios puesto que la bolsa de vivienda se considera como subvención.

   Soro ha apostillado que "no podemos solucionar la cuestión de fondo porque es una norma básica estatal", pero sí utilizar la ley de Presupuestos autonómicos en este sentido.

PARALIZAR LOS PROCESOS

   El consejero también se ha referido a otras medidas, como las vinculadas a los procesos judiciales, de forma que "cuando haya un planteamiento de ejecución hipotecaria, se paralice hasta que encontremos la solución", es decir que, "hablamos de una moratoria vinculada a la obligación de la Administración de proveer de solución habitacional".

   Por lo que se refiere a los desahucios por no pagar el alquiler, el Gobierno de Aragón quiere que el órgano judicial "nos comunique a través de servicios sociales la existencia del mismo para que podamos cumplir a la mayor brevedad con esa necesidad habitacional" y para no perjudicar a terceros, en este caso al propietario de la vivienda arrendada, "la Administración podría asumir de forma excepcional y temporal el pago de la renta" hasta que se encuentre la solución.

   Según ha apuntado, todo esto supone que hay que intervenir "muy rápido", que es lo que "ya estamos haciendo" ya que cuando hay un señalamiento "toda la dirección general de Vivienda se moviliza para solucionar ese problema".

   Soro ha dicho que el Presupuesto de Vivienda de 2016 "experimentará incremento sustancial para hacer frente a estas medidas", con mayores partidas para el parque de vivienda, reparaciones y el pago a los propietarios, para apuntar que dentro de la colaboración con las entidades financieras, además de inmuebles, también pueden hacer aportaciones económicas.

   El consejero ha incidido en que "hay dos realidades diferentes", por un lado quienes están en el "drama absoluto de tener que irse su casa" y a esas "damos respuesta a todas" y "nadie se queda en la calle" y, por otro, hay "muchas otras personas que no sufren un desahucio, pero que necesitan una vivienda social".

   Soro también ha alegado que el decreto ley incluye otras "medidas urgentes en materia de emergencia social, no solo de vivienda, sino también de prestaciones sociales económicas y de pobreza energética".

FUTURA LEY

   El consejero ha manifestado que en el Foro se ha informado del inicio de la tramitación de una futura ley de vivienda en Aragón, "que queremos elaborar con la máxima participación", de la que se ha dado a conocer el contenido y el calendario.

   Soro ha abogado por, "a través de la colaboración de todos los sectores relacionados con la vivienda, dotarnos de la mejor ley posible en un horizonte razonable". La previsión es presentar la ley en las Cortes de Aragón en el segundo semestre de 2017, tras el proceso de participación y los diferentes trámites preceptivos.

   El consejero también ha recalcado que en esta primera reunión del Foro ha habido un "incremento sustancial" de su composición, dando entrada a colectivos que antes no estaban como Stop Desahucios, colegios profesionales, Facultad de Derecho y Facultad de Trabajo Social por lo que la "representación es mucho más amplia".

   La miembro de Stop Desahucios Zaragoza, Concha Cano, ha defendido que exista una ley de vivienda de Aragón "para atender los problemas que tenemos aquí", en un momento en que hay menos de ejecuciones hipotecarias y "mucha gente con alquiler, que salió de su casa porque no podía pagar la hipoteca" y ahora "tampoco puede pagar el alquiler". "Cada día son más", ha advertido y ha apoyado que haya un decreto "que sea rápido".


 

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