Marín (PP) cree que el Gobierno de Aragón "es incapaz de garantizar la atención sanitaria urgente en toda la Comunidad"

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del PP Aragón, Ana Marín, ha afirmado este lunes que el Gobierno autonómico "es incapaz de garantizar la atención sanitaria urgente en toda la Comunidad".

En una nota de prensa, ha señalado que "los vecinos de las áreas sanitarias de Huesca, Barbastro y Alcañiz han visto cómo durante este fin de semana no han contado con un facultativo médico en el transporte sanitario urgente, una situación que ha provocado que, ante cualquier incidencia médica, la ambulancia UVI móvil se desplazara sin los medios personales adecuados para atender sucesos urgentes y graves".

Esta realidad "se une al gran listado de agravios que llevan soportados todos los profesionales sanitarios de este servicio y que está repercutiendo muy directamente en el ciudadano".

Así lo ha manifestado Marín, quien se ha preguntado "¿qué hubiera pasado ante una urgencia que hubiera necesitado un profesional médico?".

Tal y como ha explicado, en los municipios de Huesca, Barbastro y Alcañiz el servicio de transporte sanitario urgente ha contado únicamente, durante este fin de semana, con la presencia de un enfermero y un técnico de asistencia sanitaria, "una falta palpable de medios en plena séptima ola de la pandemia de la COVID-19, que para Marín ha destapado de nuevo la situación que vive este servicio y sus profesionales".

"No es una realidad nueva", ha subrayado la diputada popular y "buena prueba de ello es que, a lo largo de toda la legislatura, el PP ha presentado innumerables iniciativas para reclamar al Gobierno de Aragón más medios materiales y profesionales" para este tipo de atención sanitaria.

Pero hasta la fecha "no han atendido las peticiones de nuestra formación, de los profesionales sanitarios y tampoco de los ciudadanos que ven con preocupación que son aragoneses de segunda porque no se garantizan sus derechos ni se cubren sus necesidades asistenciales".

En opinión de Marín, la solución pasa por "escuchar a los profesionales que prestan el servicio en las ambulancias", que ha recordado que "llevan 8 meses en huelga y cumpliendo un servicio mínimo del 100%". Por ello ha instado al Ejecutivo autonómico y a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, a "atender las necesidades de los trabajadores del servicio" y a poner fin "de una vez" a una situación que "nunca debería haberse producido".

INDIGNACIÓN

"La indignación de los profesionales y del territorio no se ha hecho esperar. Ya han trasladado sus reivindicaciones para disponer del mejor servicio posible para cubrir las necesidades de atención sanitaria urgente en todo el territorio de la Comunidad, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños municipios".

"No es de recibo que hayan tenido que prestar sus servicios sin médico, que el Gobierno de Aragón no haya podido resolver estas carencias y que, tras ocho meses de huelga, la consejera de Sanidad no haya sido capaz de atender a estas personas que tanto bien hacen a nuestra sociedad, que tantos servicios prestan desinteresadamente y del que dependen en muchas ocasiones nuestras vidas", ha aseverado Marín.

Unas declaraciones justificadas en la realidad que viven diariamente todos los profesionales sanitarios del transporte urgente. En plena pandemia sanitaria, ha señalado la diputada de los populares, "han tenido que trabajar exponiéndose a situaciones que no deberían para cumplir con su obligación".

"También han vivido realidades como verse obligados a aparcar los vehículos en la calle, incluso ante inclemencias climatológicas extremas como la nieve, o a dejar las medicaciones en esas ambulancias a temperaturas extremas. Tampoco disponen de taquillas para sus uniformes de trabajo y de ducha para después de largas horas de trabajo, además de que tienen que ser ellos los que realicen en la calle la desinfección de los vehículos después de trasladar pacientes de COVID-19".

"Están en una situación muy precaria y, en lugar de protegerles y darles las condiciones adecuadas para prestar este servicio tan fundamental, se les desprecia, no se les atiende y no se pone remedio a las carencias de personal", ha resumido Marín, lo que "afecta directamente al ciudadano que paga sus impuestos para tener sus necesidades asistenciales cubiertas".